Cámaras, los ojos de la Función Judicial
Las 57.000 cámaras de vigilancia, con las que al momento cuentan las estaciones del Sistema Integrado de Seguridad ECU 911, se convirtieron desde el jueves en una herramienta más para las autoridades que buscan identificar a los partícipes de hechos delictivos.
Los equipos están instalados en las calles (en sectores estratégicos), en taxis y buses. Para que la Fiscalía General del Estado acceda a las grabaciones era necesario tramitar permisos y esto restaba agilidad a las indagaciones, pero con la firma del convenio entre el Consejo de la Judicatura y el Sistema Integrado de Seguridad y la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) ya no será necesaria una orden judicial.
Tras formalizar el acuerdo, el fiscal General, Galo Chiriboga Zambrano, manifestó que “la validez de esta información sobre los delitos se convertirá en una prueba en los procesos penales”, pues ayudará a reducir los tiempos para resolver los casos de crímenes de acción pública, como secuestros, narcotráfico, robos, homicidios, incluso abusos sexuales.
Mientras que Héctor Solórzano, director ejecutivo de la ANT, dijo que “la seguridad es importante para todos quienes de una u otra manera somos parte de la misma, conocemos de esta problemática y es por eso que trabajamos de manera integral, buscando un objetivo común, que es ofrecer mayor seguridad en pro del Buen Vivir, tratando de disminuir y prevenir emergencias y hechos violentos y no violentos”.
El ingeniero César Navas, director general del SIS ECU-911, recordó que la institución ya está entregando información a la Fiscalía, con la implementación del sistema se agilizan los procesos. En 2013, más de 700 vídeos fueron entregados a la Fiscalía para investigaciones.
El convenio tendrá 5 años de duración y permitirá la recepción de videos, audios y datos. La Fiscalía usará una plataforma informática para solicitar, recibir y evaluar la información captada por el sistema de vigilancia y al igual que otras instituciones de la Función Judicial están comprometidas con el buen uso de la información y su confidencialidad.
El ECU-911 tiene el deber de entregar, en el lapso de 72 horas luego de recibida la solicitud, la información captada y garantizar su disponibilidad por 30 días.
En los casos de delitos flagrantes, facilitará los datos de forma inmediata a los usuarios designados por la Fiscalía y Consejo de la Judicatura.
Desde 2012, paulatinamente, empezaron a funcionar las estaciones del ECU-911 en Samborondón, Azuay, Machala, Ambato, Quito, Santo Domingo de los Tsáchilas, Esmeraldas, Portoviejo, Babahoyo e Ibarra. Dentro de poco el sistema policial tendrá cobertura en todo el territorio.
