Los ojos del mundo miran con expectativa a Uruguay, desde que se convirtió en el primer país en legalizar la cadena de producción, comercialización y distribución de cannabis (marihuana) con la ley aprobada el 10 de diciembre de 2013, una decisión polémica, pues  ha recibido tanto críticas como aplausos de funcionarios de la región.  

Desde ese momento comenzó una carrera contrarreloj para la elaboración del reglamento para el sistema de distribución, que va desde la venta en farmacias y membresías en clubes hasta el autocultivo en casas.  

Para Julio Calzada, secretario de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay, y uno de los artífices del proyecto, el objetivo de la regulación parte de una preocupación del Estado hacia los consumidores, a fin de reducir la violencia generada por la represión.

Además, no habrá marcas ni publicidad para promover el consumo, pues el Estado considera que no es una mercancía.

El sociólogo de profesión visitó recientemente el país para reunirse con algunas autoridades de instituciones relacionadas con la prevención y control de estupefacientes.

Calzada se refirió a varios temas relacionados con la legalización y regulación de la marihuana en una entrevista con diario EL TELÉGRAFO.
 
Como sociólogo, ¿cómo enfrentaría a la sociedad uruguaya cuando se inicie el libre expendio de cannabis?
Vivir mejor es la expectativa de toda sociedad. Los datos establecen que la mayoría de la población no está de acuerdo con esta decisión. Sin embargo, resultados de encuestas mostraron que el 78% de uruguayos preferiría comprar cannabis en una farmacia, y el 21% en el mercado clandestino. Entonces, la opción es esa, optar por un producto de buena calidad a uno de mala calidad; de un lugar seguro a uno inseguro y peligroso. Y a un mismo valor.

Hablando en valores monetarios, ¿cuáles son las ganancias en el mercado negro?
En el sistema ilegal, infinitas. Por ejemplo, de $ 20 centavos, que es la producción del gramo en Paraguay, se la vende a $ 1,20 en Uruguay. De acuerdo con los estudios, cuando se inicie la comercialización,  si se llegase a vender a un menor precio, igual habría beneficios.

¿Ese es el precio del cannabis?
Un gramo de cannabis en Uruguay está en alrededor de $ 1,20 en el mercado clandestino, pero el Estado asumirá la producción y distribución por el sistema de licencias. Es decir, podría ser igual o bajar hasta un 30% del valor de mercado.

Desde que el Senado aprobó la ley, en diciembre pasado, se estableció un tiempo de 4 meses para el reglamento, ¿ya se encuentra listo? ¿Qué incluirá?
Vamos a presentar la reglamentación antes de que concluya abril. Por ejemplo, la ley dice que habrá clubes, que se podrá cultivar hasta 6 plantas y que la distribución será en farmacias. La reglamentación establecerá cómo se crearán los clubes, la manera de sembrar y las formas de entrega.

Uruguay recibe críticas de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de la ONU, pues se estaría violando la Convención de 1961, ¿cómo han enfrentado estos cuestionamientos?
Hay que especificar que la JIFE es un órgano técnico de las Naciones Unidas, con  13 miembros. Y entre todos no tienen un consenso para una condena a Uruguay. Lo que sucedió es que el señor Raymond Yans, quien preside este organismo, hizo declaraciones a nombre de un organismo que no le correspondía.

Con la ley y el reglamento se pretende reducir el microtráfico de cannabis, ¿eliminaría a los pequeños expendedores?
Hicimos la ley con esa expectativa. Pero no solo del microtráfico, sino también de los grandes expendedores. La marihuana que se consume en Uruguay no se produce localmente. El país que provee mayormente a los Estados del Cono Sur es Paraguay, tiene entre 5.000 y 8.000 hectáreas de cultivos. Nosotros, con 10 hectáreas, cubriremos todo el mercado. Serán habilitadas con patentes al sector privado que sepan de producción.
Hablamos de una regulación del mercado, pero los medios se refieren a una legalización. La gente podría pensar  que habrá una marca de marihuana en Uruguay. No será así.
Tampoco publicidad, pues tenemos la convicción de que este tipo de producto no debe ser considerado una mercancía. Simplemente habrá una  producción y una circulación reguladas.
Creemos que el Estado no debe inmiscuirse en los aspectos privados de la persona, es una decisión individual.   
La ley no liberaliza ni promociona el consumo, solo le asegura al usuario el acceso a una sustancia en un ambiente seguro. Cuando el Estado no le ofrece a la persona la oportunidad de hacer un acto legal, tampoco lo debe empujar a realizarlo de manera ilegal.

De esa manera, ¿cuál es el mecanismo de distribución que proponen?
Son tres posibilidades: sistema de farmacias, clubes cannábicos y cultivos. Hay 1.200 farmacias en el país, como el cannabis no es un medicamento, ninguna será obligada a tenerlo, pero eso  permitirá conocer un número exacto de lugares, no como ahora que no se sabe quiénes son los distribuidores.
Los clubes tendrán un mínimo de 14 miembros y un máximo de 45. Habrá un criterio restrictivo para los miembros con base en la experiencia de otros países, como España. Y en lo que respecta al autocultivo, habrá un máximo de 6 plantas por cada hogar.

¿Cómo evaluarán los primeros resultados en cuanto al consumo y a la reducción de riesgos?
Ya hemos instalado un comité técnico, asesores de intelectuales, académicos e investigadores de primer nivel, no en el campo de la droga, sino en el ámbito social, del derecho y la medicina.
El comité va a facilitar la posibilidad de construir la línea de base de los indicadores para evaluar esta política. Se tomará en cuenta la cantidad total de usuarios. Y otros indicadores como la reducción de la violencia, el uso problemático y todo lo que rodea el ambiente.

¿Cuál es el número de  consumidores en total?
En Uruguay, de 3’300.000 habitantes, hay un promedio de 150.000 o 200.000 consumidores, de ellos, unos 30.000 son diarios y 70.000 varias veces en el mes.

Al parecer, existe el temor de que esta decisión sea emulada por otros países de América Latina, ¿qué diría al respecto?
La ONU no se ha pronunciado. En la Cumbre de Estupefacientes hace un mes, en Viena, Austria, no hubo una condena a Uruguay. Ahora hay funcionarios que se han expresado con esa preocupación.
Y también hay países que expresaron disconformidad, pero en ellos está vigente la ley de pena de muerte para los delitos de droga. Y nosotros planteamos la desaprobación de aquello. Eso es diferente a un pronunciamiento de las Naciones Unidas en el tema de Uruguay.

La guerra contra las drogas ha causado mucha violencia en la región, ¿este primer paso reduciría los riesgos para la población de no caer en las manos de organizaciones criminales?
Sí, totalmente, somos muy críticos con esa política que se ha llevado en el mundo los últimos 50 años. El eje siempre fue con el abordaje penal o criminal. Lo único que generó fue más violencia, aumentó el consumo y las organizaciones se hicieron más poderosas. Por eso creemos que se debe intentar otras políticas, que se oriente a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Los sectores más conservadores ya vaticinan que la medida aumentará el consumo en la población. En el caso hipotético de que esto suceda, ¿qué harán?
Lo primero, plantear escenarios. Si aumentan los consumidores, pero se reduce notablemente la violencia habrá que determinar si la política está siendo exitosa.
En 2012 hubo 82 muertes vinculadas al tráfico de drogas, pero ningún muerto por el consumo de marihuana.
Entonces, si se reduce ese número relacionado a la violencia, pero aumenta el consumo, se lo tratará como un asunto de salud pública. A esto se tomará en cuenta el número de personas que se encuentran en la cárcel. En Uruguay hay 3.000 personas privadas de la libertad (PPL), y la mayoría por microtráfico, quienes se dedicaban a esa actividad por el consumo.

¿Cómo ve Uruguay a Ecuador en las políticas de estupefacientes?
Tenemos buena sintonía con Ecuador en estos temas. Obviamente, cada país tomará sus propias decisiones. Estamos en permanente contacto con Rodrigo Vélez, secretario del Consep, por lo que estamos abiertos para aprender de sus avances. Agradecemos la asesoría que recibimos en el control de las sustancias químicas. No tenemos la intención de inventar la rueda, simplemente pedirla prestada y usarla.

Usted es padre de tres hijos adolescentes, ¿qué les diría si uno de ellos le manifiesta que desea consumir cannabis?
Es un tema permanente en casa. Dialogar, les digo lo que pienso como padre, que no está bien que consuman, ya sea alcohol o cualquier sustancia.
Ahora, ellos son menores, pero cuando sean adultos tendrán sus opciones. Por eso es la confianza que se les da para que sean autónomos y que tomen las mejores decisiones posibles.
La idea del control total no es viable en el siglo XXI. Ese es nuestro gran desafío como sociedad, trabajar para la autonomía de las personas y que tomen las decisiones correctas, quizás en algunas se equivoquen, pero, definitivamente, harán las rectificaciones.