“Esto no tiene que ver con una acusación a las Fuerzas Armadas; al contrario, estamos procurando que un grupo de generales que ocupó puestos de dirección durante el gobierno de León Febres-Cordero sea procesado por un delito de lesa humanidad”, sostuvo la asambleísta Susana Cajas Lara.

Ella, junto a Luis Vaca y Xavier Jarrín, exmilitantes de Alfaro Vive Carajo (AVC), acusaron a un grupo de exmilitares y exoficiales de la Policía de los delitos de tortura, violencia sexual y desaparición forzada, que se enmarcan dentro de las violaciones a los derechos humanos. El 21 de marzo de este año, la jueza Lucy Blacio resolvió llamar a juicio a 9 procesados. Los recursos de nulidad y aclaración al fallo están en trámite y se prevé que en los próximos días haya una respuesta judicial para los demandantes, y así continuar a la siguiente etapa. (IR AL ESPECIAL MULTIMEDIA ESPECIAL DEL SIC-10)

Los exmilitares llamados a audiencia de juzgamiento recibieron el martes pasado la solidaridad de militares en servicio pasivo, de políticos, asambleístas e incluso de expresidentes de la República y del Congreso Nacional, quienes dedujeron que este juicio es un ataque a las Fuerzas Armadas.

De los personajes que estuvieron en el homenaje solidario, de la acusación judicial, de la Ley de Reparaciones de Víctimas, entre otros temas, conversó la asambleísta Susana Cajas con EL TELÉGRAFO, durante una visita que efectuó a Guayaquil para asistir al acto que por los 119 años de la Revolución Alfarista se desarrolló en el local de la Sociedad Hijos del Trabajo. La organización estuvo a cargo de militantes de AVC.

¿Qué opinión le merece que militares junto a políticos se hayan reunido en un hotel de lujo en Quito para apoyar a los procesados por lesa humanidad?
Los militares tienen derecho a apoyar a sus compañeros de las Fuerzas Armadas que ahora están procesados; sin embargo, no cambia para nada el proceso. Hay un enfoque totalmente equivocado de lo que están diciendo los militares, en el sentido de que es un ataque a las Fuerzas Armadas como institución. Nosotros, como acusadores y también como militantes de Alfaro Vive Carajo (AVC), así como el fiscal Galo Chiriboga y el Director de la Comisión de la Verdad  de la Fiscalía, hemos dicho recurrentemente que esto no tiene que ver con una acusación a esta institución, al contrario estamos haciendo que un grupo de generales que ocuparon puestos de dirección durante el gobierno de León Febres-Cordero estén procesados por un delito de lesa humanidad, para lo cual se entregaron los elementos de convicción a la jueza Lucy Blacio, para que dicte la resolución, como lo hizo con el llamamiento a juicio a los 9 imputados.

¿O sea, es una búsqueda de justicia negada por mucho tiempo?
Es un esclarecimiento de la verdad para que se haga justicia, no es un ataque a las Fuerzas Armadas.

¿Esto crea un precedente en la ciudadanía?
El hecho de procesar a generales, que al decidir sobre la vida e integridad de seres humanos cometieron delitos de violación de derechos humanos, esto crea un precedente para que la ciudadanía confíe en la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, sabiendo que es una entidad realmente seria, que protege y da seguridad a la población y garantiza la estabilidad de un país.

Asambleístas, políticos y expresidentes también se solidarizaron con los exmilitares procesados. ¿Acaso esto la sorprende?
Sinceramente, a mí el que me sorprende es Pepe Acacho, opositor al Gobierno; pero nunca me imaginé  que esté de lado de los procesados por delitos de lesa humanidad; de los otros no me sorprende en absoluto. Andrés Páez, René Yandún y Luis Fernando Torres han tenido  una posición totalmente de ataque, nos han estigmatizado como terroristas y dicen que no procede el juicio.

¿Tiene alguna amistad con Pepe Acacho?
No es mi amigo; sin embargo, pensé que era parte de una organización social, de un movimiento indígena que siempre ha estado en las luchas populares, más allá de que esté o no en desacuerdo con el actual gobierno.

Hasta la semana pasada, 8 procesados presentaron recurso de nulidad del proceso. ¿Abriga la esperanza de ver sentenciados a los exmilitares y expolicías?
Son mecanismos para demorar, dilatar el proceso. Hemos esperado 28 años, seguiremos haciéndolo sin bajar la guardia, con mucha fuerza y energía, porque para los militantes de AVC y para nosotros, que somos los 3 acusadores (Susana, Luis y Xavier), ellos son culpables porque permanecimos 15 días en un recinto clandestino bajo tortura; obviamente, vamos a allanarnos al dictamen de la justicia.

¿Ellos no fueron los autores materiales?
Ellos fueron los autores intelectuales, porque dirigían estas unidades que orquestaron todo el aparato represivo del país, y nosotros lo vivimos en carne propia.

¿Ellos aducen que no los pueden juzgar por el delito de lesa humanidad?
En el Código Penal vigente hay el delito por tortura, pero en lo que estamos sustentando nuestra acusación es en los convenios internacionales, sobre todo el estatuto de Roma, que durante el cometimiento de los delitos estaban vigentes y que al momento rigen en el país.

¿Teme ante el llamado de solidaridad para los exmilitares?
No tenemos miedo a las reacciones de los militares. Ellos son los asustados, no nosotros. Estamos actuando con la verdad y exigiendo que la justicia resuelva este caso. No solo hubo el homenaje que se efectuó el martes pasado; durante la segunda audiencia de preparatoria de juicio se realizaron mítines orquestados por Fausto Cobo, gritos, amenazas de los familiares de los militares; en ningún momento caímos en esa provocación y no lo haremos.

¿Se perjudicarían ustedes mismos?
Sí, hemos esperado 28 años; si ellos quieren seguir dilatando el juicio, bueno, esperemos que el sistema de justicia también sepa responder con celeridad; sabemos que hay un pueblo que nos respalda, no estamos  solos y eso nos da mucha fuerza y convicción para seguir adelante.

¿Lo que usted vivió hace 28 años la llevó a impulsar la Ley de Reparación a Víctimas y ahora el reglamento?
Es otro de los hitos que estamos al momento construyendo, que es la Ley de Reparación a Víctimas, que será de mucha importancia en el país, porque es la primera vez que el Estado responde por la violación de derechos humanos a ciudadanos ecuatorianos. Aunque el Presidente actual no haya cometido esos delitos, sin embargo, como Estado debe responder. En la Asamblea aprobamos la ley y en este momento elaboramos el plan de reparación.