Con una población carcelaria que duplica la capacidad de sus reclusorios, manteniendo al 83% de los 14.273 internos en “prisión preventiva” y aún sin sentencia, y con la gravedad de que cerca de 2.000 niños viven allí junto a sus padres, la situación penitenciaria de Bolivia se presenta como una de las más graves de Latinoamérica.

Ante ello, el Gobierno boliviano estudia ampliar el indulto aprobado en diciembre del año pasado por el presidente Evo Morales, para que, esta vez, la norma alcance a más de 2.000 reos, con el fin de aliviar el hacinamiento en las prisiones del país, informó el director de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos.

La Oficina Penitenciaria ha elaborado nuevos informes técnicos para pedir a Morales que emita otro decreto presidencial para una “ampliación del indulto”. Con la nueva norma, dijo Llanos, se busca beneficiar a cerca de 900 personas sentenciadas por delitos menores y entre 1.200 y 1.500 reos con detención preventiva optarán a “procesos abreviados” para poder acogerse al indulto. “Con esto vamos a tratar de resolver un poco el hacinamiento (...) y garantizar que no haya sufrimiento en las cárceles”, dijo el funcionario.

Comparación con otros países

La situación en Bolivia es mucho más grave que en Perú y Colombia, países que también buscan aliviar sus problemas penitenciarios,el primero aún sin encontrar una política concreta para reducir su nivel de hacinamiento de reos que hoy bordea el 112%, y el segundo, delegando la construcción de nuevas cárceles a manos privadas, plan que ha encontrado  resistencia en organizaciones colombianas.

En Ecuador, en tanto, el esquema carcelario tiende a mejorar con la construcción de modernos centros y la aplicación de un nuevo modelo de gestión penitenciaria, que permitirá una mejor reinserción de los reos a la sociedad, pues para ellos se establecerán sistemas de educación, asistencia laboral, programas deportivos y acompañamiento en su desarrollo familiar y social.

Con esos planes, Ecuador pretende reducir su sobrepoblación penitenciaria, que por ahora bordea el 82%: las cárceles tienen una capacidad para 12.089 internos, pero  hay -aproximadamente- 22.029 personas privadas de la libertad.

Beneficio no será para todos

Los principales beneficiarios del nuevo indulto en Bolivia serán, sobre todo, menores de 25 años, mujeres embarazadas y quienes hayan cometido un delito por primera vez.

Con el indulto aprobado en diciembre de 2012 se pretendía beneficiar a 1.900 personas, cifra equivalente al 13% de los presos del país. Sin embargo, de los poco más de 400 reclusos que presentaron los documentos para acogerse a ese beneficio, solo  220 lo obtuvieron y el resto de solicitudes fue rechazado.

El director de Régimen Penitenciario expresó  su confianza en que el nuevo indulto beneficie a más reos, pues en esta ocasión se dará un mayor plazo para que presenten los documentos requeridos.

Costo para el Estado

Según un estudio privado titulado “Reforma procesal penal y detención preventiva en Bolivia”, de la fundación Construir, entre 2002 y 2012 la población carcelaria se duplicó y el 83% de los detenidos no tiene condena por la mora judicial.

De acuerdo con su investigación, tomando en cuenta que existe una sobrepoblación carcelaria de 4.962 presos y que, en promedio, cada día se invierten entre 7 y 9 bolivianos (moneda nacional de ese país, que está a 1,12 dólares al cambio actual) para mantener a un reo, el Estado gasta adicionalmente 171.103 dólares mensuales, aproximadamente, y 2,05 millones de dólares por año.

El informe va más allá y señala que el mantener a un elevado número de encarcelados y sin sentencia es un costo bastante elevado para  la sociedad boliviana en su conjunto. “Más de 8.700 presos (sin sentencia) estarían dejando de producir 95,7 millones de dólares anuales. Es un costo alto, sobre todo si se considera que una gran cantidad de personas está detenida por pequeñas transgresiones, sospechas o errores procedimentales, o por normas arbitrarias que han producido más problemas, como las de lucha contra las drogas”, agrega el documento.

Niños en las cárceles

El problema en Bolivia se complica debido a que, según admitió el Gobierno, cerca de 2.100 niños viven en las cárceles con sus padres, una situación inédita en el mundo, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Una de las cárceles con mayores problemas es la de San Pedro, en La Paz, con 2.500 reos. Las autoridades dieron siete días de plazo para que todos aquellos niños mayores de 11 años que conviven allí, junto a sus padres, abandonen ese recinto. Sobre los menores que queden, aún se estudia qué hacer.

Esta cárcel es objeto de permanentes críticas por su precaria infraestructura y su situación de extrema insalubridad, pero -además- recientemente se denunció que una niña de 12 años fue violada allí varias veces por su padre, su tío y un padrino, un tema que encendió la alarma penitenciaria.

EN COLOMBIA SE DECLARÓ LA EMERGENCIA

En Colombia, donde el problema del hacinamiento de los reclusos llega al 53,6%, la construcción de cárceles por concesión está programada para que inicie en los primeros meses de 2014.

Según el Instituto Penitenciario y Carcelario de Colombia (Inpec), en el país hay 117.000 reclusos, 40.000 más del número para el que fueron hechas las 142 cárceles que hoy funcionan. El problema se ha agudizado debido a que la justicia ha ordenado el cierre de 16 penales para que no puedan ingresar más internos.

Con la declaración de la emergencia carcelaria, el Gobierno puede iniciar las obras de ampliación o reforma de los penales sin  recurrir a una licitación pública, lo que reducirá el tiempo de ejecución.

Hay tres cárceles que tienen el mayor índice de hacinamiento: Riohacha, con capacidad para 100 internos y que hoy cuenta con 427; Bellavista, en Medellín, que fue construida para 2.424, pero tiene 7.472 presos, y La Modelo, en Bogotá, cuyo límite  es de 2.907 internos, pero alberga a 7. 839.

UN EXCESO DE HASTA 453% DE REOS EN PERÚ

El hacinamiento en el sistema penitenciario peruano se incrementó un 52% entre 2006 y 2012, según estadísticas del Consejo Nacional de Política Criminal (Conapoc) y del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

En el informe entregado por la ministra de Justicia, Eda Rivas, a la comisión parlamentaria encargada de este ámbito, se establece que la sobrepoblación carcelaria actual es de 111%. Hace seis años era 59%.

Así, la sobrepoblación en los establecimientos penitenciarios de Perú en 2012 fue de 32.347 personas, de un total de 61.390 internos, cuando la capacidad de albergue era de 29.043 personas. Hay cárceles con 453% de hacinamiento (en Huaral, norte de Lima), 226% (Cañete, sur de Lima) y 159% (Lurigancho, en Lima Metropolitana).

En 2011, al final del gobierno de Alan García, se registraban 180 presos por cada 100.000 habitantes y la superpoblación media en las prisiones era de 91% (25.714 presos excedían la capacidad). En 2012  la tasa subió a 202 por cada 100.000.