Cerca de la medianoche del miércoles 27 de noviembre de 2010, Laurence Andree Nicaise, de nacionalidad belga, arribó al aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil.

A su llegada, la mujer evidenciaba una actitud sospechosa, lo que fue advertido por los agentes policiales, encargados del estudio de perfiles de los pasajeros en la terminal aérea.

Tras someterla a la revisión de rigor, los uniformados descubrieron que la extranjera intentaba ingresar al país 200.000 euros (280.620 dólares americanos) sin declarar y camuflados en el interior del doble fondo de una maleta.

La extranjera tras la detención declaró que el dinero que transportaba lo recibió en Bruselas (Bélgica) y que debía entregárselo a personas desconocidas en Guayaquil, por tal motivo el fiscal de Lavado de Activos, Danny Vizueta Prado, inició las investigaciones, logrando detener a la colombiana Johanna Alejandra Triana Manzano, quien era la persona encargada de recibir a la mujer.

Posteriormente, Triana confesó que el dinero sería llevado hasta el hotel 9 de Octubre, en el centro de la ciudad, donde los agentes detuvieron a otra mujer, también colombiana, identificada como Disney García Morales y al ecuatoriano Grober George Laaz Jiménez, quienes llegaron al hotel en un automóvil Kia Sportage rojo, de placas TDM-755.

Ambos confesaron que fueron enviados por otras dos personas que los esperaban frente al aeropuerto. En el lugar fueron detenidos el ecuatoriano José Antonio Aguilar Orosco y el colombiano Carlos Alberto Amortegui Guevara.

Luego, la Policía allanó un domicilio en la 10º etapa de la Alborada, donde encontró 10.500 euros, 2.000 dólares y dos maletas de doble fondo como las de Nicaide.

Con la captura de Nicaise se logró desarticular una organización internacional, encargada de enviar e ingresar al país dinero presumiblemente ilícito que sería utilizado en el comercio.

Durante el año 2011, la Unidad de Lavado de Activos de la Policía ha incautado un total de 3’967.493,35 dólares en bienes y dinero, en los diversos controles realizados en los puertos y aeropuertos de Guayaquil y Quito.

No obstante, César Escobar, jefe de la Unidad de Lavado de Activos de la Policía en Guayaquil, explicó que uno de los principales problemas que enfrentan en su accionar, es que en el período de 30 días que dura la instrucción fiscal (por tratarse de un delito flagrante) no se logra demostrar la ilicitud del dinero, a pesar de que en la mayoría de los casos se tiene como indicio de ilegalidad, justamente, su ocultamiento.

Además, la verificación de la documentación en la que se respaldan los extranjeros se hace con asistencia internacional del país de origen y los resultados tardan más de 30 días, lo que implica que no se logra demostrar, fehacientemente, el origen ilícito de los activos.

Es decir, que si no se demuestra el origen ilícito del dinero, como subraya la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del delito de Lavado de Activos, queda un vacío, indicó el oficial, mediante el cual se excusa el juez para no llamar a juicio a la persona implicada en el delito, puesto que es la Fiscalía, en coordinación con los agentes, quienes deben aportar con todos los elementos contra el acusado, más no es el acusado quien debe defenderse.

Mientras tanto, el fiscal Vizueta indicó que los casos de ingresos fraudulentos de dinero pueden seguirse dando sin recibir la debida sanción, que puede oscilar entre uno y nueve años de reclusión.

La Unidad Especializada Contra el Delito Nacional y Transnacional de la Fiscalía, donde actúan 7 agentes fiscales, lleva 7 instrucciones fiscales y 7 indagaciones previas por presunto lavado de activos en lo que va del presente año.

No obstante, sí una sanción pecuaniaria del 30% del total del dinero que se pretendía ingresar al país sin declarar. Enrique Bautista, jefe encargado de la Unidad Antinarcóticos del Guayas, indicó que además de los uniformados, el Servicio de Aduanas tiene un grupo de elementos que permanentemente y de manera exclusiva realiza este tipo de controles en los aeropuertos, tanto de Guayaquil como de Quito.

El oficial refirió que en la ciudad también se ha detectado casos de “pitufeo”, que es el ingreso de divisas al sistema financiero de cantidades poco llamativas, que van desde los 2.000 hasta los 5.000 dólares, a través de giros provenientes del exterior, especialmente de Bolivia y Perú.

“Se han detectado redes familiares en donde varios miembros de una misma familia reciben en una semana cantidades entre 1.000 y 3.000 dólares”, indicó.

El dinero decomisado, en el caso de que se demuestre que es de procedencia ilegal, se lo deposita en la cuenta del Consejo Nacional de Lavado de Activos y la ley establece que se lo distribuya en porcentajes a diversas entidades públicas, como el Cuerpo de Bomberos, Consep, Unidad de Análisis Financiero, Sistema Penitenciario, etc.