Una fuente reservada fue la punta del ovillo para detener a una de las bandas más grandes de robo de combustibles del país. Una red muy organizada que operó sin ser vista en los últimos cinco años.

El rastreo empezó el primer día del mes octubre del año pasado. A las 16:30, Telmo Betancourt, jefe de la Unidad de Delitos Energéticos e Hidrocarburíferos de la Policía, informaba a la Fiscalía de las operaciones de una banda que se llevaba el combustible de los poliductos de Petroecuador en Sucumbíos.

La investigación arrancó con seguimientos sigilosos que duraron meses. Los uniformados empezaron a monitorear a dos pesados tanqueros, con capacidad de 10.000 galones, por las rutas de Shushufindi y Nueva Loja. Su intención era conocer dónde se abastecían del combustible robado.

Sucumbíos está atravesada por el oleoducto y poliducto de la petrolera ecuatoriana. Sus tubos serpentean por quebradas y pendientes y, en muchas zonas, la vegetación ocultó el metal en el paisaje amazónico.

El agreste terreno es aprovechado por bandas delincuenciales para “pinchar” la tubería y robarse el combustible. El robo y tráfico de combustibles, el narcotráfico y el contrabando son los delitos que más golpean a la provincia fronteriza con Colombia.

Estos simultáneamente generan más violencia que se constata en el hecho de que la provincia tiene la tasa de asesinatos por habitante más alta del país.

Todavía no se calcula la magnitud de las operaciones de la red delictiva descubierta en octubre pasado, pero las primeras pruebas demuestran un nivel de organización parecido al de un cartel del narcotráfico.

Los seguimientos fueron permanentes. Su rutina fue descubierta y fotografiada. Así se evidenció que los dos tanqueros hacían cuatro viajes semanales para cargar el combustible robado, desde el sector Los Ríos, a la entrada de Shushufindi, muy cerca de un karaoke llamado La Roca.

Desde ese lugar los tanqueros y los autos que les daban “protección” partían hacia Guayas, Pichincha, Azuay, Chimborazo y Cañar, donde el combustible era entregado a empresas que lo compraban como residuos.

El producto robado también pasaba la frontera, con rumbo a los laboratorios de los narcos colombianos en la zona de Putumayo. Según las Naciones Unidas, en este sector colombiano se encuentran las plantaciones de coca más grandes del mundo y están manejadas por grupos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y por paramilitares.

Los narcos necesitan la gasolina para refinar la hoja de coca y convertirla en cocaína. Sucumbíos ha sido históricamente un punto importante en la cadena para conseguir el aditamento.

En diciembre y enero, la Unidad de Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la Fiscalía solicitó a los jueces que autoricen las interceptaciones telefónicas y de comunicaciones de los sospechosos.

La banda está definida y cada una tenía su labor. Unos se encargaban de la logística, otros de mantener las bombas listas en los poliductos e incluso tenían el apoyo de uniformados de la Policía y de las Fuerzas Armadas.

Los uniformados eran los encargados de las tareas de Inteligencia, es decir de prevenir de los controles y adelantarse a cualquier acción oficial en su contra.

Con estas evidencias, el 25 de enero pasado, la Fiscalía y la Policía actuaron para neutralizar a la organización. El operativo se cumplió en nueve provincias y por su magnitud actuó un número indeterminado de la Fuerza Pública.

Especialmente del grupo de Delitos Energéticos e Hidrocarburíferos y equipos tácticos del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) y el Especial Móvil Antinarcóticos (GEMA).

En total, 19 personas fueron detenidas y se incautaron seis vehículos, dos tanqueros, dos armas de fuego, municiones, dinero en efectivo y teléfonos celulares. Además se ubicaron otras perforaciones ilegales al oleoducto estatal.

Ese mismo día, los detenidos fueron llevados a una audiencia en el Juzgado Multicompetente de Nueva Loja. El caso, por sorteo, fue entregado al juez Freddy Castro.

En la diligencia, el fiscal Wilson Toainga ratificó la investigación que durante más de tres meses realizaron los policías de la Unidad de Delitos Energéticos.

El juez aceptó la detención de 18 de los apresados y dictó medidas sustitutivas a la prisión a favor de una mujer, a la que pidió presentarse cada viernes a la Corte.  

Las investigaciones contra esta red continúan, especialmente en la relación que tenían las empresas con este grupo delincuencial. Por eso se abrieron expedientes judiciales en Pichincha, Azuay, Cañar y Guayaquil.  

El caso principal en Lago Agrio está en la etapa de instrucción, que establece un plazo de 90 días para que la Fiscalía recopile las pruebas en contra y los alegatos de  todos los involucrados. (I)

Los controles
Las acciones policiales  
La Policía Judicial aumentó los operativos. Los detenidos por robo y tráfico de combustibles en los últimos dos años crecieron. Según sus estadísticas, en 2016 se arrestó a 171 personas, mientras que en 2017 a 343. No difunden cifras de 2018.   

35 grupos delictivos relacionados al robo y tráfico de combustibles fueron apresados.  

Un equipo especial a cargo   
La Policía creó la Unidad de Delitos Energéticos e Hidrocarburíferos para desarticular las bandas que se dedican al robo y contrabando de derivados, como el gas de uso doméstico y la gasolina. (I)