Luego de 15 días de audiencia, el Tribunal Séptimo de Garantías Penales de Pichincha declaró culpables a los 27 miembros de la conocida banda de la “Mama Lucha”, quienes fueron procesados por el delito de asociación ilícita.

Los miembros del Tribunal, Elizabeth Martínez, Eduardo Villagómez y Luis Fuentes, deliberaron aproximadamente 30 minutos, luego de los cuales comunicaron la resolución   en medio de los gritos de familiares y amigos de los implicados  que, con pancartas, permanecían desde las 08:00 en los exteriores del Palacio de Justicia.  

El fiscal José Luis Jaramillo se mostró complacido con la decisión del Tribunal  y añadió que después de 18 días de un intenso debate y análisis jurídico, la presentación de pruebas recabadas en una investigación técnica, dieron como resultado la demostración de la responsabilidad penal de los imputados. “Dadas las circunstancias del hecho, la Fiscalía solicitó la pena máxima de cinco años de prisión ordinaria”, dijo Jaramillo.

Francisco Onofa, abogado de los procesados, Hilda Tello, Byron Sánchez Endara, Luis Días, Fernando Sánchez Endara, Jeny Muñoz, Guadalupe Tello y Jorge Luis Palacios,  indicó que durante los días de audiencia se trató de varios delitos, como robo, extorsión y hurto. Sin embargo, expresó, no existe el reconocimiento de denuncias de los afectados o  supuestas víctimas.

Onofa indicó que, desde el punto de vista  jurídico, hay falencias, pues no se presentaron audios de conversaciones que demuestren la previa organización delictiva por parte de los acusados. “Algo que demuestren que tras las conversaciones existió una planificación, ejecución del delito en contra de cualquier bien”, manifestó Onofa.

También señaló que en los seguimientos de la Policía no hay ni una sola fotografía o un solo respaldo técnico videográfico, que determine las supuestas reuniones para planificar el cometimiento de actividades ilícitas.  
Para la defensa, los delitos presentados sucedieron hace muchos años, por lo que no cabe que se los tipifique bajo la figura de asociación ilícita.

Onofa añadió que se ha ordenado la apertura de indagaciones previas por delitos de usura y ocultación de cosas robadas, que “la Fiscalía piensa que fueron cometidos por los ahora sentenciados”.

Dijo que se ha presentado toda la documentación para determinar la propiedad de las evidencias encontradas, como vehículos, dinero, electrodomésticos, entre otros.   

Antes de iniciar el juicio, las partes acordaron realizarlo mediante procedimiento abreviado, lo cual implica el reconocimiento del delito por parte de los implicados, evitándose algunas diligencias que podían haber prolongado el proceso durante meses.

Los sentenciados fueron detenidos en el operativo denominado “Avalancha”, el pasado mes de marzo, cuando grupos de las unidades especiales de la institución del orden realizaron 36 allanamientos en el centro y sur de la ciudad.

Uniformados montan operativo de seguridad

Después del mediodía de ayer, agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) llegaron al Palacio de Justicia para reforzar la seguridad y custodiar los buses que trasladaban a los sentenciados hacia los centros de rehabilitación social de Quito, Guayaquil y Santo Domingo de los Tsáchilas. La defensa apelará la sentencia del Tribunal en varios días.