Por pedido de varios abogados de los procesados, la jueza de garantías penales, Ana Guerrón, dispuso el diferimiento de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en el caso del ataque e incendio al edificio matriz de la Contraloría General del Estado, durante las protestas de octubre de 2019.

La diligencia que estuvo convocada para la mañana del lunes 3 de febrero de 2020, se instalará dentro de un mes, el lunes 2 de marzo, según la disposición de la jueza.

Por este caso son procesadas 27 personas, quienes son acusadas de los delitos de sabotaje, toma de instalaciones públicas y destrucción de registros, en concurso real de infracciones.

Los acusados son: Washington A.; José A.; Franklin A.; Cristian B.; Nelson C.; Ángel Ch.; Edwin Ch.; William F.; Danny F.; Manuel G.; Bryan L.; Luis M.; Alexis M.; Luis M.; Yankuam N.; Segundo P.; Ronaldo P.; Jonathan Q.; Edison R.; Gissela S.; Darwin S.; Kléver T.; Jhonny T.; Fabián T.; José T.; Luis V.; y, Lenin Y.

Desde el 13 de octubre de 2019, a todos se les inició una instrucción fiscal de 30 días por el delito de terrorismo, pero al existir nuevos elementos de convicción el fiscal José Córdova decidió cambiar su acusación.

Con la reformulación de cargos ocurrida el 15 de noviembre de 2019 se incrementaron 30 días a la instrucción fiscal existente.

En la audiencia de reformulación se ordenó el cambio de la medida cautelar de prisión preventiva que pesaba sobre 14 de ellos y en su lugar se determinó la presentación ante autoridades judicial en sus provincias y la prohibición de salida del país.

Los restantes 13 procesados ya mantenían la medida cautelar de presentación periódica.Mariana Yumbay, abogada de tres de los procesados, indicó que el diferimiento de la audiencia fue solicitada porque recién el pasado viernes de les notificó con algunas diligencias que se han incorporado al proceso.

“No podemos venir a una audiencia sin conocer que otras piezas procesales han sido incertadas dentro del proceso y por eso hemos pedido el diferimiento”, sostuvo.

De su lado Ernesto Pazmiño, también abogado de procesados, insistió en que este caso es mediático, lo cual es negativo porque por ello los fiscales se sienten presionados y formulan cargos por los delitos más graves, que luego se les cae por no tener los suficientes elementos para sustentar.

“Este caso se cayó porque era imposible que el Fiscal pueda demostrar que hubo terrorismo. Ni a las propias FARC se les ha podido acusar de terroristas, mucho menos a un grupo de muchachos que en una protesta ingresan a un edificio público”, señaló.

Los actos que son investigados por la Fiscalía sucedieron durante las protestas que se desarrollaron entre el 3 y el 13 de octubre de 2019, que fue convocada inicialmente por la dirigencia indígena en contra del incremento de la gasolina dispuesto por el Gobierno. (I)