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Audiencia de juicio contra veedores se postergó para el próximo viernes

Pablo Chambers acudió a la diligencia en compañía de su abogado, Ramiro Román. Foto: Santiago Aguirre / El Telégrafo
Pablo Chambers acudió a la diligencia en compañía de su abogado, Ramiro Román. Foto: Santiago Aguirre / El Telégrafo
07 de mayo de 2014 - 13:23

El Tribunal Octavo de Garantías Penales de Pichincha, suspendió hoy la audiencia de juzgamiento, por el supuesto delito de perjurio, contra los cuatro veedores de los contratos de Fabricio Correa con el Estado.

El juicio se realiza contra Pablo Chambers, coordinador de la Comisión; José Quishpe, Gerardo Portilla y Víctor Hugo Hidalgo.

El proceso se suspendió luego de que Ramiro Román, abogado de Chambers, rechazó que el fiscal Fabián Almeida lea el testimonio escrito y juramentado del presidente de la República, Rafael Correa, a través de la secretaria del Tribunal.

Román pidió que la declaración se lea del documento original y no de una copia, como se iba hacer en un principio.

El testimonio impreso llegó al Tribunal hoy a las 08:28, a través de Gutenberg Vera, abogado del Primer Mandatario. No obstante, en la audiencia, la secretaria no encontró el archivo original.

Luego de que Vera presentó la declaración del presidente Correa, señaló ante la prensa que las afirmaciones de los veedores intentaron dañar la honra del mandatario.

Por ello recordó que el 5 de febrero de este año, la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha desechó el recurso de nulidad presentado por los miembros de la Comisión y ratificó el auto de llamamiento a juicio que se dictó el 11 de septiembre de 2012.

Chambers, Portillo, Hidalgo y Quishpe enfrentan una demanda del presidente Correa por supuesto delito de falso testimonio. Ellos fueron designados de indagar los contratos que su hermano Fabricio Correa suscribió con el Estado para la construcción de varias obras viales por un monto aproximado de $657 millones.

El informe de los veedores señaló que el Primer Mandatario si conocía de los convenios. Correa consideró esa afirmación como un perjurio, por ello inició la demanda.

Este proceso se encuentra en trámite durante 22 meses, tiempo en el cual hubo 25 audiencias fallidas y se cambió de fiscal en 27 ocasiones.

Hasta el momento, se conocieron los testimonios de Marcela Miranda, expresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) y de Antonio Vicente Velásquez, secretario del Cpccs.

La diligencia se reinstala el próximo viernes 9 de mayo, a las 08:30.

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