Sara Velástegui (29 años) no cree en la justicia. Ella hizo una  publicación el 13 de junio en su cuenta de Facebook en donde denunció presuntos actos de corrupción en la Universidad de Ambato y por ello permanecerá 40 días en prisión.

El 21 de septiembre, el juez Sandro Pérez, de la Unidad Judicial de Contravenciones de Ambato, le impuso esa condena además del pedido de disculpas públicas y el pago de $ 386.

La joven se entregará este martes 27 de noviembre a la justicia, una vez que el 23 de octubre el tribunal de la Sala Penal de Tungurahua le negara el recurso de apelación y ratificara la sanción.

La denuncia en Facebook

La acción en su contra fue interpuesta por el rector de la Universidad, Galo Naranjo, por atentado contra la honra. Este Diario intentó comunicarse con Naranjo pero en su lugar contestó su esposa, quien dijo que no estaba junto a ella y que volviera a  llamar en 10 minutos. Transcurrido ese tiempo no hubo respuesta.

Sara, madre de una niña de 5 años, escribió el 13 de junio en Facebook: “¿Qué hace la UTA en la Lucha contra la corrupción? Debería empezar por renunciar desde Galo Naranjo, Adriana Reinoso y todos sus asesores, como Paulo Rodríguez Molina, Keren Jaramillo, Ulloa Perugachi, Vizuete, Acosta, seguidos de Vargas Poaquiza, Medina, entre otros... ese grupito que piensa que es toda la UTA (...)”.  

Sara se refería a una denuncia que presentó el 13 de marzo 2018 ante el Consejo de Participación Ciudadana sobre supuestas irregularidades en la universidad, entre ellas la contratación de Paulo Rodríguez Molina, expresidente del Consejo de la Judicatura, como asesor de Naranjo.

Irregularidades en consultoría

Según la denunciante, Rodríguez ingresó a esa universidad primero con una consultoría de $ 192.000 y después fue contratado como asesor del rector con todo su equipo de consultoría.

Velástegui además denunció otras supuestas irregularidades como “nepotismo e incluso acoso”.

La asambleísta de CREO, Jeannine Cruz, cree que este caso es “una muestra evidente de que la justicia, fiscales y jueces correístas actúan en forma campante”.

Martha Roldós, integrante de la Comisión Anticorrupción, calificó el caso como “grave” y notificará la decisión judicial a David Kane, relator de Naciones Unidas sobre la Libertad de Expresión, quien conoce del caso.

A su criterio, la condena de Velástegui, además de casos como el de Fabricio Abad, quien fue sentenciado a un año por escribir en las redes sociales en contra de la Prefectura de Guayas, “contradicen el espíritu de la libertad de expresión”. (I)