Desde este lunes las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos cuyos casos fueron incluidos en el informe de la Comisión de la Verdad que investigó casos entre 1983 y 2008, comenzaron a llenar las fichas de inscripción para arrancar con el proceso reparatorio, que incluye indemnización económica.

La directora de la unidad de reparación de la Defensoría del Pueblo, Yolanda Galarza, señaló que ya llenaron su ficha 2 de las víctimas que acudieron temprano a las oficinas de la entidad. La funcionaria agregó que este trámite se inició simultáneamente en 13 provincias, donde han localizado a 357 víctimas de las 456 incluidas en el mencionado informe.

El defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira, explicó que una vez resuelta la reparación inmaterial con la persona, la carpeta se enviará al Ministerio de Justicia que se encargará de tramitar una indemnización monetaria, de acuerdo a una tabla que está en proceso de aprobación.

Al respecto Susana Cajas -que fue detenida por militares en 1984 durante al presidencia de León Febres Cordero y sometida violencia sexual- indicó que la indemnización económica es parte de la reparación integral a la que se refiere la ley aprobada por la Asamblea Nacional y que beneficia a las víctimas cuyos casos fueron indagados por la comisión de la verdad instaurada por el ejecutivo en el 2010.

Este proceso está avalado en la Ley para la Reparación de las Víctimas y la judicialización de violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad ocurridos en Ecuador entre el 4 de octubre de 1983 y el 31 de diciembre de 2008, que fue publicada en el Registro Oficial el 13 de diciembre de 2013.

Para cumplir lo que establece la ley, la Defensoría del Pueblo creó el Programa de Reparación por vía administrativa.

Los beneficiarios directos de las medidas reparatorias de este programa no solo será la víctima, sino también su cónyuge, parejas por unión de hecho y familiares consanguíneos hasta el segundo grado de parentesco, según la ley.