La Corte Constitucional dejó sin efecto y valor jurídico la sentencia de casación expedida el 11 de junio de 2009 por la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, dentro del proceso que se le sigue a Jorge Hugo Reyes Torres por el delito de narcotráfico, lo que conlleva que las medidas de aprehensión, retención e incautación de los bienes muebles e inmuebles sean restablecidas. La sentencia de casación fue impugnada a través de una demanda de acción extraordinaria de protección que presentó la Procuraduría General del Estado, el 23 de agosto de 2011.

Según el recurso, el 26 de septiembre de 2002, Reyes Torres fue condenado por la Quinta Sala de lo Penal de la Corte Superior de Justicia de Quito a 25 años de reclusión por tráfico de drogas, sentencia que fue confirmada en octubre de 2007 por la Tercera Sala de lo Penal de la Corte.

Reyes Torres interpuso un recurso de casación que la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia declaró improcedente. Sin embargo, en la misma resolución la Sala modificó la sentencia de condenatoria a absolutoria, cuando, al estimar improcedente el recurso de casación, la única opción legal era devolver el caso a la instancia anterior, no siendo posible –en ese caso– revocar la sentencia, pues ello solo era posible si se hubiere declarado procedente el recurso propuesto por el sindicado.            

La Procuraduría solicitó a la Segunda Sala aclarar el fundamento del fallo judicial, pero con providencia del 20 de julio de 2011 ésta no se pronunció sobre la aclaración o ampliación solicitadas, y dispuso que se remitiera el expediente al tribunal de origen, para la ejecución de la sentencia de casación.

José Serrano, ministro del Interior, a través de su cuenta de Twitter, manifestó que la investigación que realizara la Policía Antinarcóticos desde 1992 bajo la dirección de la Fiscalía, en el sonado caso “Ciclón” y por el que se iniciaron varios juicios en contra de Reyes Torres y otros implicados, como testaferrismo, tipificado y sancionado por la Ley de Sustancias y Psicotrópicas, lavado de activos, conversión ilegítima e inclusive asesinato, debe ser analizada nuevamente por los jueces.    

La Procuraduría, a través de la acción concedida, logra que se deje sin efecto la sentencia de casación dictada por la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional y que la situación jurídica se retrotraiga a lo resuelto por la Tercera Sala de lo Penal de Quito el 26 de octubre de 2007, cuando se confirmó la sentencia condenatoria a 25 años de reclusión a Reyes Torres.