En los casos de abusos hacia la mujer es cierto que “la violencia cae contra el cuerpo femenino, pero del impacto no se libra nadie (la sociedad)”, manifestó Gina Godoy, vicepresidenta de la mesa de Justicia de la Asamblea Nacional, durante el conversatorio Justicia y Equidad de Género, desarrollado el viernes en Guayaquil.

La legisladora acotó que la Constitución y las normas que surgieron a partir de ella, sobre todo el Código Orgánico Integral Penal (COIP), contribuyen para combatir los atropellos contra el género y la impunidad.

De esta manera citó varios artículos del COIP (entrará en vigencia en agosto),que incluye delitos antes no tipificados o no considerados como tal, por ejemplo el 141, que trata sobre el femicidio (que en la actualidad se procesa como homicidio o asesinato): “La persona que, como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género, será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años”.

Godoy agregó que los artículos 156, 157, 158, 159, penalizan la violencia contra la mujer y los miembros del núcleo familiar sea física, sexual o emocional. Además mencionó la vulneración patrimonial que significa la privación de dinero o bienes que ocasionaría malestar durante la convivencia.

No obstante, la asambleísta reconoció que hay cosas que podrían agregarse e hizo un razonamiento con respecto al femicidio: “Así como en la actualidad se castiga el intento de homicidio o asesinato, con el COIP debería juzgarse el intento de femicidio”.

Godoy explicó que esta fue una propuesta que no prosperó, pero confía en que a medida que se visibilice ese delito habrá que demandar su incorporación al COIP.

Al referirse a las enmiendas mencionó que está al tanto de que, pese a los avances, hay un sector opositor al COIP que solicitará modificaciones. “Habrá que mirar con lupa y ver si el interés es procurar una norma que garantice que las víctimas tengan un proceso justo, con justicia especializada (...) o es una campaña para deslegitimar”.

Con respecto a la unidad especializada en esta materia, la vocal del Consejo de la Judicatura, Karina Peralta, informó que hay al menos 80 jueces y 578 servidores de la Función Judicial, en 18 provincias.

La funcionaria explicó que en las jurisdicciones que no cuentan con profesionales de este tipo, actúan los jueces de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia; de Contravenciones; o Multicompetentes.

Peralta indicó que el concepto de estas unidades va más allá de las antiguas comisarías. “En cumplimiento de las normas internacionales y de la Constitución hemos trabajado en un modelo que no genere una revictimización que brinde a la persona violentada un ambiente de calidez, confianza y justicia”.

Sobre esto comunicó que hay servicios adicionales, entre ellos el área de primera acogida, formada con personal capacitado para atender un drama humano e invitó a la ciudadanía a delatar cualquier anomalía en el servicio.

Peralta reveló que las estadísticas de los casos ya atendidos reflejan que gran parte de las mujeres que denuncian a su agresor abandonan el proceso a mitad de camino, muchas veces porque les da pena, porque se reconcilian y, sobre todo, porque temen quedarse sin el sustento del hogar.

Pero los especialistas asesoran a las mujeres para que suplan sus necesidades con su propio esfuerzo. “No se trata de expedir boletas (de apremio) porque el agresor nuevamente regresa, tenemos que ayudarlas a que puedan salir adelante”, dijo.