El Consejo de la Judicatura de Guayas efectúa un control permanente del despacho de causas, esto forma parte de la campaña de ‘Depuración de carga procesal’, cuya primera fase arrancó en octubre del año anterior y hoy se desarrolla la segunda.

La primera etapa consistió en la organización e inventario de los expedientes de los juzgados, tribunales y salas del período 2008-2013. Como resultado se clasificaron los archivos en pasivos y activos; sobre estos últimos se actualizó la información y se verificó en qué etapa se encuentran.

Bolívar Vergara, director administrativo de la entidad en esta provincia, comunicó que en 60 días 586.689 causas fueron depuradas. Un cuadro estadístico reveló que 37.760 pertenecen al 2008, que 119.159 a 2009, 68.180 a 2010, 75.620 a 2011, 81.228 a 2012 y 180.345 a 2013.

“Hicimos un contraste entre lo que físicamente se establecía en el expediente versus lo que decía el sistema (Sistema Informático de Trámite Judicial/SATJE), eso demostró que muchos datos no correspondían a la realidad”, detalló.

El funcionario agregó que ahora es momento de realizar un control riguroso de aquellas causas en estado activo, para asegurar que se despachen con la celeridad y calidad que la ciudadanía requiere, y que se cumpla con el modelo de gestión que impulsa la institución.

La tarea estará a cargo de la Dirección de Gestión Procesal mediante  una brigada que realizará auditorías aleatorias en todos los despachos, siguiendo un cronograma asignado. Vergara mencionó que se hará énfasis en las judicaturas más congestionadas.

“Esta etapa será de manera permanente, tenemos que informar quincenalmente al Consejo de la Judicatura sobre resultados parciales, pero vamos a replicarlo todo el año”, manifestó.

En este trabajo también participa la Dirección de Control Disciplinario, pues los resultados de las auditorías servirán para medir el rendimiento de los servidores judiciales.

Pablo Martínez, director de esta división, dijo que si se determina que un funcionario no cumplió con sus obligaciones, se le iniciaría un sumario administrativo y podría recibir una sanción pecuniaria, ser suspendido o destituido, esto dependerá de la gravedad del caso; pero explicó que no se trata de una persecución, sino de la verificación del desempeño.

“Algunos funcionarios podrían haber ocasionado retardos graves, retardos leves, falta de atención, negligencia, es decir, en una auditoría de procesos se puede establecer cualquiera de las causales de las infracciones (...) nada es descartable”, declaró.

Causas represadas

En tanto Jimmy Salazar, presidente del Colegio de Abogados del Guayas, expresó que la medida era necesaria, pero que debería estar acompañada de la incorporación de jueces y su equipo de trabajo, puesto que expedientes judiciales superan las capacidades de las judicaturas.

“Tenemos todavía muchas causas represadas y el problema está en que los jueces asignados no alcanzan para evacuar la carga procesal (...); es verdad que estamos a la altura de Latinoamérica con 12 jueces por cada 100.000 habitantes, pero afectan los miles de procesos heredados del pasado”, acotó.

Durante la apertura de la campaña, Vergara dijo que las auditorías determinarán qué áreas necesitan refuerzo de personal ya sea con nuevas incorporaciones o con la rotación de quienes prestan servicios, por ejemplo las áreas más sensibles que son en materia Civil y la Laboral.