La tarde del martes último 4 policías fueron detenidos por supuestos actos de corrupción cometidos en Sígsig y Alamor, cantones de las provincias de Azuay y Loja, respectivamente, donde prestaban sus servicios. La operación ‘Liberación’ se ejecutó luego de 3 meses y medio de investigaciones. De acuerdo con información policial, 3 de los agentes fueron capturados en Azuay y uno en Loja.

Pablo Ramírez, jefe de la Policía Judicial de Azuay, informó que los uniformados exigían dinero a los transportistas de carga durante operativos de control. El oficial destacó que la autodepuración es una prioridad en la Policía y por eso este tipo de operativos continuarán.

Diego Fuentes, viceministro del Interior, confirmó a través de su cuenta de Twitter que el delito por el que fueron aprehendidos fue el de concusión. Además, manifestó que los uniformados serían separados de la institución de forma inmediata. Los detenidos fueron identificados como los sargentos Antolín C. y Max C., el cabo primero René M. y el policía Franklin J. El caso sigue en investigaciones para determinar si existen otros uniformados vinculados a este ilícito.

El delito de concusión está tipificado en el artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y establece que las personas que abusando de sus funciones, por sí o por medio de terceros, ordenen o exijan la entrega de derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses, sueldos o gratificaciones no debidas, serán sancionados con pena privativa de libertad de 3 a 5 años.

Si se realiza mediante violencias o amenazas, la o el servidor público será sancionado con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. (I)