Hoy a las 15:30 en la Corte Nacional de Justicia, Galo Chiriboga Zambrano, fiscal general del Estado,  presentará en audiencia de revisión de medidas cautelares las razones por las cuales 3 de los 9 procesados en el caso ‘Cajas, Vaca, Jarrín’ no deben recibir sustitución de su arresto domiciliario.

La diligencia fue solicitada por los abogados defensores de los acusados, militares en servicio pasivo Guillermo R., Manuel D. y Mario A.

Otro de los procesados en este caso, Nelson Bolívar E., también solicitó revisión de las medidas cautelares el 19 de diciembre de 2014.  

El imputado tenía arresto domiciliario desde que se inició el proceso en 2013, por lo que su abogado Emiliano Donoso solicitó la revisión alegando motivos de salud de su defendido, y en el proceso ha brindado la colaboración necesaria.

La jueza Lucy Blacio aceptó el requerimiento, y en los próximos días anunciará por escrito el cambio, informó la Fiscalía.  

En la misma fecha, la defensa del imputado Fernando R. solicitó la revisión de medidas, pero fue rechazada porque se encuentra prófugo.  

En este caso la Fiscalía sigue un proceso judicial por detención ilegal, violencia sexual, tortura y desaparición forzosa, calificados como crímenes de lesa humanidad y violación a los derechos humanos.

En noviembre de 1985, fuerzas de seguridad ecuatorianas arrestaron a Susana Cajas, Javier Jarrín y Luis Vaca en Esmeraldas, sin ninguna orden judicial.

Luego los trasladaron al ‘Batallón de Inteligencia Militar’, ubicado en Conocoto, provincia de Pichincha. Cajas y Jarrín estuvieron detenidos durante 15 días, tiempo en el cual sufrieron torturas físicas, sicológicas y sexuales. Luego fueron liberados, según consta en el expediente fiscal.

Luis Vaca continuó plagiado y en situación de desaparición forzosa durante tres años más. Eliminaron su registro de filiación del Registro Civil y fue liberado a mediados de 1988.

El caso ‘Vaca, Cajas, Jarrín’ también forma parte de los 136 investigados por la Comisión de la Verdad de la Fiscalía General del Estado.

En octubre de 2013 se inició el proceso con la audiencia de formulación de cargos para 13 personas. El año pasado la Corte Nacional de Justicia llamó a juicio a los militares y un excomandante de Policía por lesa humanidad.