$ 3.000 es el ‘precio’ de una celda especial

Un ‘contrato’ por el ‘derecho de uso de celda’ daba ciertas comodidades a Isaías P., quien permaneció hasta finales de febrero en  el expenal García Moreno de la ciudad de Quito.

El ‘convenio’, en el que figura como vendedor Jorge E., fue suscrito el 10 de enero de 2013, y este detalla que Isaías P. accedía a 2 aumentos de cama, 2 colchones, una cómoda de ropa, una repisa, un modular, un televisor de 14 pulgadas con control remoto, una antena de televisor, una licuadora, una mesa de comedor, 3 sillas,  3 muebles de cocina, una cocina, platos, vasos, ollas,  un espejo de baño, una ducha eléctrica, una cortina, canasta de ropa, pala para recolectar basura y un tapete. Al final dice que “se deja asentado que este documento no es motivo de deuda o extorsión alguna”.

El ministro de Justicia (e), José Serrano, informó que el supuesto contrato apareció durante el traslado de los privados de libertad hacia el Centro de Rehabilitación Social (CRS) Regional Cotopaxi. Por compromisos de este tipo el beneficiario paga, en promedio, $ 3.000.

Serrano, a más de  divulgar estas irregularidades en el expenal García Moreno, explicó que con el nuevo modelo de gestión penitenciaria, que se aplica en los nuevos centros regionales, no habrá manera de que se repitan estas prácticas, con lo que también respondió a ciertos reclamos de personas y organizaciones civiles que denuncian supuestas condiciones precarias de las personas privadas de libertad (PPL) en el CRS de Cotopaxi.

Ledy Zúñiga, presidenta del Consejo de Rehabilitación Social, detalló que este es uno de  los tipos de  pactos entre  las PPL y sus familiares con los  caporales. A estos últimos se los denomina así porque fungen como apoderados arbitrarios  que tienen control en los pabellones y que cobran pensiones a las PPL a cambio de no hacerles daño o darles ‘confort’.

“Tenía televisor, nevera, aumento de camas y una mesa de comedor en un espacio reducido, quiere decir que ese privado de libertad vivía solo o máximo con una persona, cuando tenemos gente en el penal García Moreno viviendo en los corredores”, acotó Zúñiga para ilustrar el nivel de desigualdad.

Recalcó que esta es un  prueba de cómo se extorsionaba a los familiares de los internos y de cómo solo las personas pudientes gozaban de ciertos privilegios y “mejores” condiciones de vida. “Esto es lo que el modelo quiere transformar, terminar con este tipo de prácticas y  dar igualdad a los privados de libertad, todos con celdas, camas y colchones iguales y con la cantidad de internos correcta en cada celda”.

Agregó que  los CRS de Cotopaxi y Guayas cuentan con infraestructura, espacio y seguridad adecuados para evitar cualquier tipo de extorsión o abuso. Según la funcionaria, las cámaras  permiten vigilar y hacer un seguimiento del comportamiento de cada uno de los empleados, tanto administrativos como del personal de seguridad. También pueden vigilar a los privados de libertad, pero reconoció que esto solo puede aplicarse en los  centros regionales. “Lastimosamente los centros que tenemos actualmente no están en condiciones que permitan visualizar lo que pasa dentro”.

La Presidenta del Consejo de Rehabilitación Social anunció que hay una investigación para determinar qué funcionarios se beneficiaban de esos  contratos, porque con seguridad ellos lo permitían.

También comunicó que, acompañados de notarios,  continúan con el levantamiento de información de las pertenencias de las PPL del expenal  que pronto serán trasladadas al CRS de Cotopaxi, por lo que no descarta encontrar otros documentos por el ‘derecho de uso de celda’.

Serrano recalcó que el  traslado es progresivo e irreversible y que el CRS Cotopaxi tendrá capacidad para 4.800 PPL. En el expenal García Moreno, donde solo caben 1.100, hay cerca de 5.000.