Jorge Bravo, a sus 28 años y con una discapacidad visual, es estudiante de Jurisprudencia de la Universidad Católica de Cuenca y desde enero de este año realiza sus prácticas preprofesionales en los juzgados de Garantías Penales de esa ciudad.

La jornada de Jorge inicia a las 14:30 y su puntualidad, cordialidad, buen humor y eficiencia son reconocidas por quienes comparten con él a diario. Atiende las inquietudes de los usuarios, informa acerca del estado de las causas legales y brinda asistencia en las audiencias.

“Esto es una ventaja. Se aprende muchas cosas que no se enseñan de una manera técnica en la universidad. En mi caso, pensé que iba a ser un poco más difícil por mi discapacidad visual, pero ahora me doy cuenta de que todo el mundo me ha dado la mano y se me han hecho las cosas más fáciles. En mi trabajo me instalaron el sistema Jaws, que es un lector de pantalla especial para no videntes”, manifiesta.

Marco (nombre protegido), quien tiene 26 años y está privado de su libertad desde hace 4, es estudiante a distancia del décimo nivel de la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de los Andes, en Imbabura, y realiza sus prácticas en el Centro de Rehabilitación Social de Ibarra.

Desde enero de 2014, Marco visita a diario el Departamento Educativo del centro carcelario y ahí se encarga de estructurar informes y lógicas jurídicas. Además, revisa toda la documentación del centro penitenciario.

Vigilado por los guías y a 4 pasos de la puerta que lo separa de su libertad, comenta su experiencia. “A pesar de estar detenido, aquí cuento con el apoyo de todas las autoridades, se han fortalecido mis conocimientos en derecho y pienso que es un incentivo también para seguir la carrera. Es una experiencia positiva, porque el encierro a uno le cambia la forma de pensar, lo pone a vivir una vida más consciente”, dice.

Desde 2013, el Consejo de la Judicatura impulsa el Programa de Prácticas Preprofesionales de la Función Judicial, en el que han participado 2.194 estudiantes universitarios del país.

Jorge y Marco son parte de este proceso que busca la participación activa de egresados y estudiantes de los 2 últimos años de la carrera de Derecho de 37 universidades a nivel nacional, que adquieren experiencia en el campo laboral.

El Consejo de la Judicatura ha suscrito varios convenios con diferentes instituciones públicas para aplicar el programa de prácticas preprofesionales y a la vez respetar las políticas vigentes en el país sobre los derechos ciudadanos y el acceso a una administración de justicia sin exclusión.

Dos de los 18 acuerdos existentes son con los ministerios de Justicia y de Relaciones Exteriores y permiten que personas privadas de libertad y estudiantes que realizan su formación a distancia, ejerzan sus prácticas según la materia de su preferencia y de acuerdo con el distrito o jurisdicción donde se encuentren.

En el Consejo de la Judicatura y sus direcciones provinciales laboran 1.181 estudiantes, 574 en la Fiscalía General del Estado, 163 en la Defensoría Pública y los 276 restantes se encuentran distribuidos en las demás instituciones y organismos jurisdiccionales aliados al programa.

Jorge culminará su carrera en noviembre próximo y aspira a trabajar en los mismos juzgados de Garantías Penales. Mientras tanto, Marco sueña con dirigir un centro de rehabilitación en las grandes ciudades del Ecuador, pues afirma que la experiencia como interno y practicante le permite tener una visión clara de la cárcel.

Aún le quedan 15 años de sentencia antes de que pueda cumplir su anhelo.