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157 casos de desaparecidos requieren indagación fiscal

Los familiares de los desaparecidos están preocupados y exigen una efectiva investigación fiscal de  sus casos.
Los familiares de los desaparecidos están preocupados y exigen una efectiva investigación fiscal de sus casos.
13 de marzo de 2014 - 00:00

Veedores, policías especializados y fiscales actúan en los 157 casos de personas reportadas como desaparecidas, a fin de dar celeridad a la investigación y determinar el paradero de las víctimas, ya sean vivas o fallecidas.

El fiscal general, Galo Chiriboga, se reunió en días anteriores con los familiares de los desaparecidos y determinó la inmediata integración de una veeduría para dar seguimiento a estos casos, así como reestructurar el personal de fiscales que se encarguen de las  indagaciones.

Así se procedió y la veeduría la conformaron cuatro miembros de Asfadec (Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador) y Anadea (Asociación Nacional de Asesinados y Desaparecidos del Ecuador).

En tanto, la Policía puso   énfasis en estos casos al organizar talleres de capacitación para los uniformados de la Dirección Nacional  de Delitos  contra la Vida, Desaparición, Extorsión y Secuestro de Personas (Dinased), que  actúa desde el año pasado.

Hasta el momento las asociaciones de desaparecidos contabilizan 157 casos; la Policía tiene registrados 122 expedientes en el país;   la Fiscalía elabora un inventario de las denuncias presentadas para tener un informe real del estado judicial en que se encuentra cada una.
Pese al  impulso que trata de darle el fiscal Chiriboga a los casos de desaparecidos, persiste la preocupación de los familiares, porque aún no se nominan a los fiscales que se encargarán de sus denuncias.

“Necesitamos  fiscales capacitados para investigar los casos  y no que vengan de otras dependencias, sin conocimientos,  solo para ocupar el puesto”, dijo María de Lourdes Mejía, presidenta de la Asociación Nacional de Asesinados y Desaparecidos del Ecuador.

Con la policía especializada la versión es diferente, porque con esta han logrado resolver algunos de los casos, como lo corrobora Susana Valencia, veedora de Anadea.

Por ejemplo, recordó, en el caso de Ernesto Fraga, reportado como desaparecido, los uniformados de la  Dinased establecieron, en menos de una semana, que lamentablemente el hombre   terminó con su vida ahorcándose, para lo cual había amarrado una cuerda en un árbol  de una quebrada cerca al lugar donde  residía.

También, en el caso  de Fabián Escudero, a quien sus familiares  reportaron como desaparecido después de acudir a una feria de carros, en el sur de Quito, la Policía descubrió que fue asesinado. Tras las investigaciones detuvieron a una persona implicada en este hecho.

La veedora Valencia se refirió al caso de su hijo, quien fue hallado muerto después de un matrimonio efectuado en la quinta La Guajira. El fiscal que atendió el caso determinó que se trató de un accidente, pero las indagaciones policiales establecieron  que la víctima fue  asesinada.

“Al principio el fiscal me dijo que fue un accidente, ya que rodó hasta el riachuelo y se ahogó,   concluyó la autopsia. Pero si rodó más de 18 metros hasta el agua, por qué el cuerpo no tenía ninguna fractura o golpe”. Esa contradicción motivó a la madre  a insistir en  la indagación.

El personal de la Dinased halló huellas de sangre en una bodega de la quinta,  que coincidían con el ADN del occiso. Por lo tanto se investiga la posibilidad de que  fue asesinado y después lo arrojaron al riachuelo donde lo encontraron.

La mujer aseguró  que su caso lo trataron 8 fiscales diferentes. “Me asignaron a otro, que parece  está avanzando con las investigaciones”.

Para evitar este tipo de situaciones, los veedores coordinarán directamente con los fiscales para impulsar las indagaciones de sus casos. Aunque falta nombrar a otros 5 para completar el personal que cumpla   este objetivo.

En la capacitación de los uniformados, con instructores mexicanos, se conminó a receptar en forma verbal la denuncia de desaparecidos y actuar de  inmediato. Anteriormente, se receptaba la denuncia 48 horas después de que la persona estaba extraviada.

Para el director de la Dinased, coronel Carlos Alulema,  “el personal policial  tiene claro que la persona desaparecida no puede esperar ni un segundo.  Apenas se tiene  conocimiento reacciona  un equipo especializado que actúa las  24 horas en el país, presto a iniciar la búsqueda”.

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