13 procesados por delito de lesa humanidad
Solo 3 de los 13 procesados, 11 militares del Ejército y 2 policías, en el caso de lesa humanidad, estuvieron presentes en la Corte Nacional de Justicia, donde se desarrolló la audiencia preparatoria de juicio y formulación de dictamen del caso Vaca, Cajas, Jarrín.
El fiscal Galo Chiriboga acusó, el pasado 1 de octubre, a los sindicados por el delito de lesa humanidad, instrumentado en los tipos penales de tortura, desaparición forzada y violencia sexual contra Luis Vaca Jácome, Susana Cajas Lara y Javier Jarrín, exintegrantes del movimiento Alfaro Vive Carajo (AVC).
La primera parte de la audiencia inició a las 09:00 y contó con la presencia de 14 abogados defensores de los sindicados, quienes se dedicaron a impugnar la legalidad de las vinculaciones, ya que los delitos de lesa humanidad no están contemplados en la legislación ecuatoriana. “Cómo se juzga un delito que no existe”, se preguntó Felipe Rodríguez, abogado del sindicado y excoronel de la Policía Wilfrido Ch., quien según la Fiscalía trabajó junto al excomandante de la Policía Édgar Vaca en la conformación de la unidad encargada de combatir la insurgencia durante el gobierno de León Febres Cordero y que se conoció como el SIC-10.
A la audiencia acudió Susana Cajas, quien recalcó que este proceso se instauró contra los funcionarios que cometieron y permitieron las torturas de las que fue objeto, “no es una venganza ni estamos juzgando a las Fuerzas Armadas, este proceso es para que los delitos de lesa humanidad cometidos en el país no queden en la impunidad”.
Luis Vaca, quien llegó a esta diligencia con su esposa, opinó que esta audiencia se está realizando conforme a derecho, contemplada en las leyes ecuatorianas, “lo cual nunca nos permitieron a nosotros”.
El fiscal Galo Chiriboga señaló que los defensores argumentaron en la primera parte de la audiencia dedicada a la argumentación de vicios de procedimiento, que existieron vinculaciones fuera de tiempo, además de la inaplicabilidad del Estatuto de Roma y que existe una aplicación retroactiva de ciertas disposiciones legales.
Sin embargo, Chiriboga manifestó que estas aseveraciones están equivocadas.
Además, recordó que la sustanciación del caso se basó en la legislación internacional que menciona los delitos de lesa humanidad, como el Estatuto de Roma de 1998, que se refiere específicamente a estas infracciones y del que el Ecuador es signatario.
Esto también lo recogió el COIP, que entrará en vigencia el 9 de agosto y que en el artículo 89 tipifica claramente los delitos de lesa humanidad, lo cual fue integrado por los compromisos internacionales asumidos por el país.
Lucy Blacio, jueza de la Sala de lo Penal de la CNJ, escuchó los argumentos presentados por la defensa y hasta el cierre de esta edición se mantenían deliberando antes de seguir con el procedimiento tendente a determinar si llama a juicio a los procesados en base al dictamen fiscal.
