123 casos de extorsión en 2 meses de 2014
Alrededor de 800 personas de varias ciudades del país fueron afectadas por una sola agrupación delictiva dedicada a la extorsión.
La banda supuestamente manejada desde la cárcel La Roca por un individuo conocido como ‘Negro Holmer’, (hoy preso en la Regional de Guayas), daba las directrices a su hermano F. Cortés, su representante en las calles, capturado junto a otras 8 personas en un operativo que incluyó 27 allanamientos.
El coronel Carlos Alulema, jefe de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desaparecidos, Extorsión y Secuestro (Dinased), informó que en los 2 primeros meses de 2014 fueron detenidas por este delito 39 personas, de ellas, solo una extranjera.
En enero y febrero de este año ya conocieron 123 casos, y destacó que esta Unidad desarticula, por lo menos, una banda semanalmente.
El oficial señaló que el grupo de los hermanos Cortés actuaba de 2 maneras: vía telefónica y personalmente. A través del teléfono extorsionaba a ciudadanos de provincias como Guayas, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, Orellana, Carchi, Napo, Esmeraldas y Manabí; y personalmente a tenderos de El Oro, a quienes amedrentaban con armas de fuego y les exigían $ 20 semanales a cambio de seguridad.
Alulema explicó que generalmente los extorsionadores consiguen los datos de sus víctimas a través de guías telefónicas o redes sociales. Además, la principal argucia para conseguir el dinero es decir que una persona los ha contratado para asesinarlos y no lo harán si cancelan un valor mayor o igual al ofrecido.
Javier Córdova, viceministro de Seguridad Interna, reveló en octubre de 2013 que su hermano fue víctima de este tipo de delito y que los antisociales llamaron desde la cárcel usando la estrategia mencionada.
Pero no solo quienes están la calle son afectados, las personas privadas de la libertad (ppl) también son víctimas de extorsión; 19 casos de estos fueron reportados entre enero y febrero.
Ledy Zúñiga, ministra de Justicia, durante sus intervenciones ha resaltado que para ejercer un mayor control se han construido los nuevos centros de rehabilitación y se mejoran las estructuras existentes.
Los familiares de desaparecidos también son perjudicados por este delito. Por ejemplo, los parientes de David Romo, quien no aparece desde mayo de 2013, recibieron llamadas en las que les aseguraron que sabían dónde estaba, pero querían $ 5.000 por revelarlo, luego bajaron la cifra. La madre de Romo dio la información a quienes investigaban el caso y se determinó que era mentira. Dos personas fueron detenidas. Lo mismo pasó con los allegados de una niña lojana. El año anterior la Unidad Antisecuestros y Extorsión (Unase) -que forma parte de la Dinased- recibió 859 denuncias, de las cuales 781 por extorsión. 526 de esas fueron verdaderas, el resto fue falso. Alulema aclaró que las falsas son, por ejemplo, cuando los hijos en complicidad con algún conocido fingen un secuestro y piden dinero a sus padres. Hay casos cuando ciudadanos denuncian a personas con las que tienen problemas o líos sentimentales.
Según cifras económicas que maneja la Dinased, sumadas las cantidades exigidas en los 123 casos de enero y febrero de este año dio un total de $ 984.500, pero solo se entregó $ 4.000.
“Las personas suelen dar un abono antes de denunciar el hecho. O dan la cantidad exigida y cuando les piden más dinero recién acuden a la policía”, dijo el jefe de la Dinased.
Tipificación en el COIP
El artículo 185 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que: “La persona que, con el propósito de obtener provecho personal o para un tercero, obligue a otro, con violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años.
Además, estipula que la sanción será de 5 a 7 años si existen agravantes; por ejemplo, “si se comete total o parcialmente desde un lugar de privación de libertad”.
En el Código Penal vigente este delito está sancionado, según el artículo 557, con prisión de 1 a 5 años.
