El dolor de los familiares de las víctimas del incendio ocurrido la tarde del viernes, en una clínica de rehabilitación en el Suburbio oeste de Guayaquil, es inexplicable pero peor es la incertidumbre.

La mañana de este sábado 12 de enero, en los exteriores de la Policía Judicial (PJ) en la morgue, José Castillo esperaba el trámite de salida de los restos de su hermano José Fernando (19 años) y su primo David Casquete (22), ambos fallecidos en el siniestro.

Se mostraba abatido por no entender las razones del incendio, pues hace solo seis meses él, su madre y su tía los habían persuadido para internarse en este centro por su crónico estado producto del consumo de heroína.

“Yo confié en este centro porque ahí se recuperaron unos amigos míos y el dueño de la clínica es amigo mío, es buena persona”, dijo Castillo.

Incluso recuerda que su madre le habló de la mejoría de “Junior”, como apodaban a su hermano, a quien habían visto aumentar de peso, cambiar su actitud y hasta el color de su piel.

“Nunca mencionaron maltratos, incluso siempre iba mi mamá y hasta en Navidad se lo dejaron ver. Junior solo decía que lo saquen, que le permitieran ver a su familia y luego se regresaría al centro a cumplir el tratamiento”, recuerda Castillo de su hermano, que deja en la orfandad a un bebé de seis meses.  

Mientras tanto, en el hospital Abel Gilbert Pontón, Vanesa Ortiz ultimaba detalles para llevarse los restos de su hermano Dani Ortiz Clavijo, quien falleció el viernes en esa casa de salud.

“Dani era el menor de cuatro de nosotros. Mi mamá murió hace seis meses y mi hijo se salvó, pero está con diagnóstico reservado”, indicó la mujer. Dani tenía 17 años, llevaba tres meses en la clínica. La última vez que lo vieron fue el 3 de enero, fecha en que recibieron autorización para contactarlo.

“Cuando llegué el viernes 11 de enero al hospital los guardias me dijeron que Dani tenía media hora de haber fallecido”, expresó Vanesa con lágrimas.

Afirma no entender las razones por las que su hermano empezó a consumir, pero recuerda que era “buen chico”, le gustaba el boxeo y practicaba fútbol. Él ingresó por su voluntad y aceptó recuperarse, porque supo que su sobrino Andrés, luego de tres meses de internado, estaba “gordito, bonito y rozagante”.

Lo que sí le disgustó a Vanesa fue enterarse del incendio en los noticieros y no por el dueño de la clínica, que le cobraba $ 200 por su hijo y $ 100 por su hermano.

En el Hospital del Guasmo, voceros señalaron que los 6 heridos internados se encuentran en “condiciones estables”, presentan quemaduras de segundo y tercer grado. Por la inhalación de humo este grupo permanecerá en estricto cuidado durante este fin de semana.

En un comunicado, la Alcaldía de Guayaquil lamentó lo sucedido y puso a disposición las bóvedas de los cementerios municipales de Pascuales y Ángel María Canals. (I)

La clausurada clínica de rehabilitación, en la 27 y la K, era administrada por el hermano del dueño del centro que se incendió el viernes pasado. Foto: Karly Torres / El Telégrafo

----------------------------

Propietario enfrenta cargos por secuestro

Tanya Varela, comandante zona 8 de la Policía, informó que la cifra de 18 fallecidos la tarde del viernes se mantenía y que solo se esperaba la identificación de uno de los cadáveres. Confirmó que los heridos son 16 y se encuentran en diferentes casas de salud con diagnóstico reservado.

“Hay seis personas detenidas, a cinco de ellas ya les han dictado prisión preventiva por secuestro; la instrucción fiscal durará 30 días. El dueño se encuentra a la espera de la audiencia”, señaló la comandante.

Agregó que aún buscan a la persona que trabajaba en la otra clínica de rehabilitación que clausuraron el mismo día, en la 27 y la K. Varela indicó, además, que el individuo al que buscan sería hermano del dueño de la clínica incendiada y que en el libro de registros constaban 45 jóvenes con problemas de drogadicción.

“Creo que es una manera (tratar como caso de secuestro) que sienta un precedente para que estos centros, muchos de ellos no regularizados, cumplan con la ley”, enfatizó. En su opinión, los métodos que utilizan no son actualizados ni los adecuados para rehabilitar a los adictos.

Lamenta que la razón por la que hayan fallecido estos jóvenes se centre en el encierro bajo candado o rejas. Situación que ve poco profesional pues a quienes se está atendiendo son seres humanos. “Si esa puerta no hubiese estado con candado todos hubiesen salido a tiempo”, sentencia.

Igualmente, la Asamblea Nacional emitió este sábado 12 de enero un comunicado en el que “expresa su profundo dolor por la muerte de los 18 jóvenes”, pero sobre todo destaca que el Estado debe ser capaz de dar una respuesta urgente a la problemática. (I)