Más de un año ha pasado desde que  Galo Chiriboga fue reconocido como   el mejor puntuado  (86 sobre  100) en el concurso convocado para designar al nuevo  líder de la Fiscalía  General del Estado.  Así fue posesionado en el cargo, el  19 de julio de 2011, ante el pleno de la Asamblea Nacional.

Desde  entonces,  el  mejorar las técnicas de investigación, garantizar una atención inmediata a las víctimas de delitos y promover acuerdos   internacionales para cerrar el paso al crimen  organizado son algunos de los   objetivos  primordiales del funcionario.

Tras un año de su gestión, en  entrevista con  El Telégrafo,  el Fiscal  General del Estado  decidió comentar algunos de los logros que en el camino ha obtenido  y las aspiraciones que aún faltan por cumplir.

¿Qué se implementó en la Fiscalía que usted recibió?

La Fiscalía ha tenido una importante  trayectoria, sin embargo  no se ha adecuado para enfrentar la modernidad del cambio, si bien es cierto se ha dotado de infraestructura, en muchos casos    se carecía  de servicios que los ciudadanos demandaban. Ahora  nos enfocamos  en la capacitación técnica de los fiscales, sobre todo en temas relacionados al manejo de investigación criminal. Sobre esto hay poco, lamentablemente, hay que mejorar la capacidad de investigación  en el área de Criminalística, no solo de fiscales, sino  también de los agentes  policiales.

Cuando asumió su cargo   dijo que la Fiscalía dejaría de lado  el discurso  y se convertiría en una institución netamente investigativa. ¿Lo ha  logrado?

Hemos dejado esa actividad puramente propagandista de salir a inaugurar cosas o edificios, cuando lo que queremos es poner en funcionamiento servicios. Una diferencia  con el pasado, es que la Fiscalía ahora está presente en las cortes debatiendo los temas jurídicos.

¿Cuáles son los retos ahora?

Necesitamos  revisar   la actuación de los fiscales. También es importante abrirse hacia la cooperación internacional, pues  las infracciones más graves en el país  tienen  vinculación con organizaciones criminales de fuera.   Estamos trabajando en la iniciativa de una Corte Penal de Unasur (Unión de Naciones Suramericanas)  y, adicionalmente,  en un proyecto  que permita tener una sala especializada de carácter nacional a la que lleguen los temas de sicariato, tráfico de estupefacientes y delitos graves en los que  fiscales  y jueces  suelen verse atemorizados.

¿Cómo ve   el narcotráfico en el Ecuador, frente a los anuncios de la ex cúpula militar sobre una penetración peligrosa?

Los militares han anunciado lo que la  Fiscalía viene  diciendo  y   evidenciado, la fuente de la que se nutre es de  información presentada por los militares, no es otra que la Fiscalía. Por lo tanto creemos que el narcotráfico, tráfico de armas, entre otros,  son delitos manejados por organizaciones criminales, por eso  es necesario  tener buenas relaciones con  México, Estados Unidos, Brasil, que nos pueden ayudar a combatir el crimen.

No minimizamos el tema. Es un problema en el que hay que estar alerta para que no prospere y se apodere de regiones, ciudades o barrios,  porque cuando eso ocurre  se desplaza al Estado de Derecho y se consolida el crimen organizado.

Avanzamos en    temas de narcotráfico y  persecución de bandas organizadas en   Esmeraldas, Pichincha y Manabí. 

¿Qué tan avanzados están los casos de la Comisión de la Verdad?

Hasta la fecha las investigaciones de los 133 casos de lesa humanidad  tienen un avance del 70%.  En el caso Restrepo    hemos recibido una opinión técnica del Instituto Forense de Bogotá sobre el peritaje  antropológico.   Espero que hasta finales de año  se realicen instrucciones fiscales  por otros casos.

La semana pasada tuve una reunión con el Ministro de  Defensa y el Comando Conjunto de la Fuerzas Armadas para insistir en información que la Fiscalía ha requerido y que aún no es  entregada. Les informé  de la disposición de un juez de la Corte Nacional,  de que se levante la reserva sobre esos documentos.

¿Con que países se trabaja en temas de cooperación?

Concretamente con  Perú, en temas de control de armas,  y con Colombia,   en la creación de una frontera más segura relacionada a temas delictuales que nos afectan.

Trabajamos en lo que concierne a  trata de personas, tenemos un estudio que evidencia la gravedad del delito, mujeres  y niños  son traídos desde Colombia para ser traficados en   Ecuador.

¿En qué cosas  el Fiscal no está    satisfecho por lo conseguido?

La Policía hace un trabajo importante. Sin embargo, en materia  de investigación criminal hay déficit.  Un ejemplo fueron las siete personas apresadas por el robo al centro comercial Quicentro Sur, personas   que no tenían nada que ver.

He pedido a la Policía que tome con mayor reposo las investigaciones, las presiones que  pueden ejercer los medios de comunicación en estos casos es explicable, pero eso no  debe llevar a   cometer errores.

¿Cuántas personas están en el Sistema Nacional de Protección de Víctimas y Testigos?

Existen 4.230   testigos protegidos en   el país, pero somos autocríticos, creemos que  no se está operando bien, hay que profundizar en la eficacia, no solo dar la protección física y policial de esas víctimas, sino en casos graves, sacarlos del país. Estoy trabajando en un convenio con Colombia, para que  en  casos graves    trasladarlos.

Deberíamos avanzar en  la posibilidad de  cambios de identidad, eso demanda  cooperación internacional para que organizaciones criminales no puedan identificarlos de ninguna manera.

¿No le parece delicado incluir a Vicente Cedeño como testigo protegido en el caso Quinsaloma?  ¿Cree ciegamente la Fiscalía en este testigo?

La Fiscalía no cree ciegamente en nadie más que en los elementos procesales, de lo que se lo acusa a Cedeño aún no se   han encontrado elementos que lo inculpen, sus armas  tenían permiso, y se comprobó que no fueron disparadas,  eso no quiere decir que no sigamos   investigando. Tenemos que tener mucho cuidado en  que el eje jurídico siga manteniéndose en la Fiscalía y no pase a   ejes mediáticos.

¿Qué le falta  a la Fiscalía?

Nos falta tratar de mejor manera la atención del delito, mejorar la tecnología, ser más autónomos,  tener   laboratorios, contar con  especialistas  en investigación criminal y  contar con más legistas    que analicen el hecho más allá de lo criminal.