La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, también solicitó a la Corte Constitucional desechar la demanda de inconstitucionalidad planteada por el legislador Luis Fernando Torres (PSC-CREO) a la Ley de Comunicación.

El pedido fue entregado por el coordinador general Jurídico de la Asamblea Nacional, Fernando Benítez Zapata. La respuesta de la titular del Legislativo enfatiza que la aprobación de la normativa era una obligación ineludible de la Asamblea Nacional, emanada de la Primera Disposición Transitoria de la Constitución, así como un mandato del pueblo ecuatoriano.

Para la aprobación de la ley, en lo formal, se cumplió con el trámite constitucional y legal establecidoAdemás señaló que para la aprobación de la ley, en lo formal, se cumplió con el trámite constitucional. La votación definitiva del proyecto se realizó sobre la base de los cambios aceptados por el ponente del informe, el asambleísta Mauro Andino, quien fue presidente de la Comisión Ocasional de Comunicación.

En el documento, de 16 páginas, Rivadeneira refuta varios aspectos con los cuales el asambleísta Torres alega la inconstitucionalidad.

Respecto de la prohibición de la censura previa, uno de los puntos polémicos, Rivadeneira explica que la Ley Orgánica de Comunicación abarca este postulado en forma expresa y no contradice la Constitución, sino que la defiende y consagra ese principio.

Otro aspecto de la demanda se refiere a la figura de linchamiento mediático. En este caso la Presidenta de la Asamblea afirma que esta figura se basa en la defensa de la honra y buena reputación de las personas, como lo establece el artículo 66, numeral 18 de la Carta Magna, por lo tanto carece de inconstitucionalidad alguna.

Otro punto de la defensa es la Superintendencia de Información, en el cual Torres aduce que los límites al ejercicio del titular de ese organismo no están claramente especificados;, pero Rivadeneira responde que el principio de legalidad y competencia está determinado en el artículo 226 de la Constitución, que establece el principio de legalidad en el debido proceso.

Sobre el argumento de Torres,  de que todo trato diferenciado en los contenidos es discriminatorio, no es tal y así lo establecen los instrumentos internacionales y la jurisprudencia de las cortes y tribunales internacionales de derechos humanos.

Argumento de Torres

El asambleísta Torres discrepa que la comunicación no puede ser un servicio público, al contrario del secretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera. “Espero cuanto antes la resolución de la Corte Constitucional para hacer conocer mi punto de vista en el orden constitucional y político”, añadió.

La respuesta de Mera de que se archive o que se deseche la demanda es “normal”, dijo Torres, sin embargo de sus expectativas de que la CC acepte alguno de sus planteamientos; pero está consciente de que no puede aceptar todas sus sugerencias por el entorno jurídico que vive el país, señaló. “Espero que la Ley Orgánica de Comunicación tenga la legitimidad que ahora le falta”.

El asambleísta también se refirió a los temas del principio de proporcionalidad, la denominación de servicio público de la comunicación, la regulación, censura previa, atribuciones de la Superintendencia de Comunicaciones, entre otros.

Dijo que en el análisis de Mera no hay observación de la inconstitucionalidad de forma, ya que no menciona que la responsabilidad quedará en manos de la titular de la Asamblea. “No hubo debate antes de la contestación, de tal manera que se violó una norma constitucional”.

Para Gabriel Rivera, de Alianza PAIS, esta versión es falsa, ya que esa normativa sí fue ampliamente debatida en el interior del Pleno por dos ocasiones. Consideró que la ley es “procedente” al estar en el marco de la constitucionalidad.

ANTECEDENTES

Propuestas. En septiembre de 2009 hubo tres propuestas de ley: de César Montúfar, Rolando Panchana y Lourdes Tibán.

Debate. En enero de 2010 se efectuó el primer debate. El documento volvió a la comisión ocasional que pulió el texto para segundo debate en junio de 2010.

Consulta. La ciudadanía aprobó por votación popular (consulta de junio de 2011) la Ley de Comunicación. Pero los debates en el Legislativo se extendieron.

Aprobación. Luego de casi cuatro años, el 14 de junio de 2013 la nueva Asamblea aprobó la Ley Orgánica de Comunicación.