La consolidación del nuevo Sistema Regional de Derechos Humanos, planteado por el presidente de la República, Rafael Correa, y apoyado por varios jefes de Estado suramericanos, va tomando forma.

Para concretar la idea, el Ministerio de Relaciones Exteriores organizó, el jueves pasado, el foro “La Nueva Realidad Latinoamericana” e invitó a  Estela de Carlotto, presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, de Argentina; Luz Patricia Mejía, ex presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); y Francisca Cabieses, subdirectora de la revista Punto Final, para que compartan sus experiencias.

El canciller Ricardo Patiño manifestó que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos vigente descuida los derechos humanos de América Latina por centrarse en violaciones individuales y cuestionó que su financiamiento provenga de gobiernos como el de Estados Unidos, que no ha ratificado su compromiso con esa causa.  “Los países que integran el sistema deben financiarlo”, precisó.

Luz Patricia Mejía, ex presidenta de la CIDH,  enfatizó que es necesario crear una nueva arquitectura de derechos humanos a  partir de las falencias como la “macrocefalía de protección de algunos derechos frente a otros”, además de que no todas las víctimas pueden acceder al sistema actual.

Para la experta, una de las limitantes de la Comisión Interamericana es que no es un organismo permanente y que solo se reúne tres veces al año, además que no tiene recursos económicos para que los comisionados tengan  acceso directo a las víctimas.

Mejía explicó que las diferencias en el tratamiento de los temas se dan por “intereses” creados en los propios medios de comunicación, que desde 1998 han intentado posicionar que la libertad de expresión es la “piedra angular de la democracia y no lo es, sino, más bien, la democracia se garantiza por el debate plural de las ideas”. Por ello, sostuvo, los medios privilegian la información “sobre los derechos que quieren proteger o quieren difundir”.

Patiño cuestionó que la Relatoría de la Libertad de Expresión, por ejemplo, cuenta con cerca de 1’000.000 de dólares para su trabajo, mientras que otras comisiones, como minorías étnicas, derechos de los niños, derechos de las personas privadas de la libertad o derechos de las mujeres, tienen  entre 11.000 y 20.000 dólares de presupuesto.

“Pongámonos de acuerdo, todos los derechos son importantes, no podemos aceptar que los derechos de los representantes de los medios de comunicación valgan más porque son dueños de empresas de comunicación”, dijo.

Para Mejía, la situación de la mujer en Haití, la realidad de Honduras frente a un golpe de Estado, la exclusión de los afrodescendientes y de las comunidades indígenas deben integrar la agenda del Sistema Interamericano. Consideró que un nuevo sistema debe atender la nueva arquitectura de los tratados de protección que no solo protejan los derechos civiles y políticos “sino con una visión integral”.

Francisca Cabieses, subdirectora de la revista Punto Final, precisó que en la región “los gobiernos progresistas y los  movimientos sociales exigen la creación de un nuevo sistema”, en el que el tema de comunicación debería garantizar los derechos a una información veraz, libre del manejo de los medios-empresa “que dictan la pauta comunicacional en nuestros países”.