Uno de los principales pedidos de la ciudadanía en las urnas fue la aprobación de la Ley Orgánica de Comunicación que cree un Consejo de Regulación para normar los contenidos de los medios de prensa escrita, radio y televisión.

No obstante, aún se desconoce la fecha de votación del proyecto. Varios analistas piden celeridad en el trámite para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución.

El 11 de abril, el pleno de la Asamblea acogió el pedido de Tomás Zevallos (IND) de votar la Ley de Comunicación artículo por artículo. Ha pasado cerca de un mes de la aprobación legislativa y la sesión 136 no tiene fecha de reinstalación. 

La pregunta 9 de la consulta popular fue aprobada con 3’882.379 votos e insistió en la elaboración de una Ley de Comunicación por parte de la Asamblea Nacional. Además, la Carta Magna, aprobada el 28 de septiembre de 2008, exigió la creación de la ley en un plazo máximo de 365 días.

Según Mauro Cerbino, investigador de la Flacso, la Función Legislativa no puede dilatar más la aprobación de la ley. “No pueden buscarse más excusas para alargar la votación. Han pasado más de dos años y los asambleístas oficialistas y opositores deberían respetar la petición de los ecuatorianos, doblemente exigida en las urnas”, manifiesta.

Pedro Iván Moreno, docente de la Facso de Quito, coincide con esa idea y agrega que los ciudadanos que se sientan perjudicados con los retrasos de los legisladores deberían acudir a la Corte Constitucional (CC). “Estamos frente a un desacato de grupos minoritarios que se refugian en lo del Consejo de Regulación para retardar un tema fundamental”, dice.

El artículo 436, numeral 10, de la Constitución, establece que la CC puede otorgar un tiempo prudencial a la Asamblea Nacional para aprobar la Ley de Comunicación, en el caso de llegar una demanda ciudadana. Pero si la omisión de la entidad competente persiste, la CC tiene la potestad de crear una normativa provisional. 

Ese escenario es desestimado por Mauro Andino (PAIS), presidente de la Comisión Ocasional de Comunicación, quien expresa que “el proyecto cuenta con reformas trascendentes, como la integración de otro miembro del Consejo de Regulación que provenga de las organizaciones de  pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias”.

Cerbino califica como positiva la incorporación de otro miembro en el Consejo: “El Conartel contempla cuatro vocalías desde el Ejecutivo, en cambio el proyecto de Ley de Comunicación establece equilibrio, ya que se proponen tres representantes del Estado y tres desde la sociedad civil. No hay más excusas para no aprobar la norma y enterrar en el pasado la caduca Ley de Radiodifusión y Televisión de 1975”.