El 5 de diciembre pasado la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) rechazó el recurso de casación interpuesto por el asambleísta socialcristiano, Leonardo Viteri, para apelar una glosa por   61.296,08 dólares que corresponden a su período como alcalde del Municipio de Sucre, en Manabí, entre el 2000 y   2005.

El examen especial de la Contraloría General, para el período comprendido entre el 1 de junio de 1999 y el 30 de julio del 2002, detectó irregularidades en dos proyectos municipales que involucraron al ex alcalde, al director financiero, Álvaro Villao Rodríguez, y la contadora Miriam Zambrano Basurto. 

El informe preliminar se conoció en abril del 2005 y fue ratificado en octubre del  2007 por el Tribunal Distrital de lo Contencioso de Manabí, ante la impugnación presentada por los tres funcionarios, pues la autoridad competente desestimó el recurso  por falta de méritos.

Leonardo Viteri, médico de profesión, fue asambleísta constituyente por su provincia, en representación del Partido Social Cristiano (PSC). Formó parte del grupo de constituyentes que votaron en contra de la Constitución elaborada en Montecristi.

Así mismo, como legislador actualmente  ha iniciado varios procesos de fiscalización, particularmente sobre la gestión del Ministerio de Salud, denunciando presuntos actos de corrupción en las administraciones de la ex ministra Caroline Chang y de David Chiriboga, actual.

Una obra inconclusa y el uso arbitrario de fondos públicos

La primera glosa de Viteri es por 1.296,08 dólares que corresponden al pago de  un anticipo  aprobado por él  para la construcción de un badén (cuneta) en el camino San Isidro-Río Grande, sin contar con las especificaciones técnicas.

Los moradores de la zona denunciaron a las autoridades de control que la obra se adjudicó a una persona sin experiencia, por lo que el badén colapsó con la primera creciente y no dejó rastros de la construcción.

Según la CGE, la Municipalidad incumplió con el Reglamento de Determinación de Etapas del Proceso de Ejecución de Obras, de modo que el anticipo no se devengó y se configuró un perjuicio para el Estado.

La segunda glosa fue por 60.000 dólares, provenientes de un convenio entre la Alcaldía de Sucre y el Ministerio de Vivienda, suscrito el 31 de diciembre del 2001, para la construcción de una red de agua potable, un proyecto que nunca se concretó.

La Contraloría determinó que el director financiero y la contadora, por disposición de Leonardo Viteri, autorizaron el desembolso de  esos fondos para otros proyectos que no guardaban relación con la dotación de agua potable. Villao y Zambrano fueron señalados como responsables solidarios.

Los funcionarios fueron notificados en septiembre del 2007, luego de un proceso indagatorio que duró más de un año,  en el que no lograron desvirtuar la denuncia.

Desde entonces, Viteri ha sido el único en apelar la resolución para evadir la glosa. Con la negación del recurso de casación, el actual legislador tendrá que restituir al Estado los 61.296 dólares más los intereses calculados desde la fecha en que se produjo el perjuicio a la Municipalidad de Sucre. La suma total bordearía los 100.000 dólares.

El legislador socialcristiano tiene 20 días para apelar la decisión de la Corte Nacional de Justicia desde la fecha en que fue notificado.

Al acudir ante la última instancia  judicial, Viteri podría solicitar una acción extraordinaria de protección  ante la Corte Constitucional, si considera que se han afectado sus derechos constitucionales en el proceso. De no interponer un nuevo recurso, el asambleísta y los dos funcionarios deberán pagar el monto al que asciende el perjuicio. 

Viteri, como alcalde, tuvo otra investigación

En el 2002 la entonces Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC), ahora Consejo de Participación Ciudadana, determinó que había indicios de responsabilidad administrativa en el ex alcalde de Sucre, Leonardo Viteri,  por adjudicar y suscribir un contrato a favor de la Fundación Stuarium para la reforestación de las laderas de Bahía de Caráquez, violentando expresas disposiciones legales.

La observación en contra de Viteri fue porque en su actuación habría infringido el literal d) del artículo 56 de la Codificación a la Ley de Contratación Pública y el numeral 5 del artículo 376 de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control (Loafyc), los cuales hacen referencia a la prohibición de adjudicar contratos a parientes de funcionarios públicos que hayan intervenido en la etapa precontractual.

La Comisión Anticorrupción envió el caso a la Contraloría, pues en aquella época Leonardo Viteri Molinari, padre del ex alcalde, era miembro de la Fundación Stuarium, empresa a cargo de la reforestación urbana.