Gustavo Jalkh, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), rechazó hoy las afirmaciones de Human Rights Watch. "No tienen derecho a expresarse de esa manera de la Función Judicial ecuatoriana", enfatizó el funcionario ante las declaraciones de José Miguel Vivanco, director para las Américas de esa organización, quien en una carta alude que el proceso de reforma "ha puesto en entredicho la independencia judicial en el país".

Jalkh recalcó que la reforma a la justicia tiene un marco legal legítimo, con base a la consulta popular del 2011. "Es una carta política, vamos a responder técnicamente, nosotros no hacemos política", dijo el titular de la Judicatura, para quien las declaraciones de HRW "son ligeras y reflejan una animadversión hacia el Estado ecuatoriano".

Indicó que antes de la consulta, en el Ecuador se tenía un 60% de audiencias fallidas y  2.000 caducidades de prisión preventiva, así como que el 80% de privados de libertad no tenían justicia y el 70% de jueces eran temporales. Recordó, además, que en el país se tenía cerca de un 70% de jueces temporales. "Eso sí era un atentado contra la independencia de la justicia. Sin carrera, estabilidad y con mala remuneración", apuntó.

El presidente del Consejo de la Judicatura afirmó que se ha superado ese problema en el país, con jueces de carrera, y que actualmente apenas el 10 % de los magistrados son temporales y poseen de las mejores remuneraciones de América Latina.

"Teníamos el 60% con audiencias que fallaban. Luego hubo un 30%. Hoy es solamente es un 9% de audiencias que fallan. La carta es política. Le damos un respaldo a nuestros jueces", sostuvo.

El presidente del CJ dijo que las afirmaciones  son "falsas, con un error inexcusable".  Considera que no se trata de  inquietudes técnicas, sino políticas. "Tergiversa lo que la veeduría internacional hizo en su momento (...) no hay derecho que se expresen de esta manera sobre los jueces", acotó.

Jalkh dijo que el Ecuador vive una "transformación profunda" y que se pasó de contar de cuatro  jueces por cien mil habitantes a 11. "No está bien que una ONG internacional se refiera así del Estado ecuatoriano (...) esta organización ya ha tenido entredichos con el Estado ecuatoriano".

También indicó que responderá técnicamente a Human Rights Watch, pero que "será la última vez que responda una carta política a HWR, que tiene tegiversaciones de mala fe, voy a responder técnicamente, con datos que reflejan la transformación del sistema de justicia".

Concluyó que la entidad trabaja "en función de los derechos de la ciudadanía".

De su lado, Galo Chiriboga, fiscal general del Estado, dijo que contestarán a la ONG a su debido momento. "Los jueces en el país han actuado con independencia en sus fallos", destacó.

Para Chiriboga, "atacar a la independencia de los jueces, es atacar a la parte fundamental de la democracia de un país".