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El Telégrafo

Irregularidades causan nulidad de contrato en Puerto Ayora

 El informe sobre irregularidades en contrato fue recibido el jueves 13 de febrero del presente por el secretario de la Corte de Guayas. Foto: William Orellana | El Telégrafo
El informe sobre irregularidades en contrato fue recibido el jueves 13 de febrero del presente por el secretario de la Corte de Guayas. Foto: William Orellana | El Telégrafo
17 de febrero de 2014 - 00:00

El Procurador General del Estado, representado por su abogado Francisco Falquez Cobo, presentó una acción de nulidad del contrato por presuntas irregularidades dentro del proceso de contratación por Licitación N° LICO-GADMSC -  003 - 2013, para la construcción de los sistemas de alcantarillado sanitario y ampliación, mejoramiento de los sistemas de agua potable para la ciudad de Puerto Ayora, en la provincia de Galápagos. 

Este contrato se suscribió el 2 de julio de 2013 entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón de Santa Cruz, representado por Leopoldo Bucheli como su alcalde y la empresa Construcciones Dragado y Arena, CONDRAIARSA, por un monto de $18.533.789,08 a un plazo de ejecución de 540 días.

La denuncia, presentada por Falquez, alega que dicho proceso de contratación prescindió de algunos procedimientos y de las solemnidades que requiere la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Entre otras se observa la  falta de firma y nombramiento del Procurador Común, la oferta de esta asociación señaló 510 días como plazo para terminar la obra, en lugar del plazo de 540 días señalados en los pliegos, falta de presentación de garantía técnica Norma ISO17025 e incumplimiento de patrimonio mínimo de una de las empresas integrantes del consorcio.

Los documentos revisados por la Procuraduría detectaron que se han violado los procedimientos preestablecidos legalmente en la fase precontractual, según los estudios revisados por la entidad gubernamental, por lo que el abogado alega que con el fin de salvaguardar el patrimonio nacional de legalidad, igualdad y transparencia queda nulo el contrato, con el fin de que se ejerzan  acciones legales correspondientes contra el alcalde y la empresa constructora.

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