El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información quedó ayer integrado, a tres días de que venza el plazo que determinó la Ley de Comunicación para su integración formal.

La normativa, en la disposición transitoria primera, dispuso un plazo no mayor de 30 días, una vez que se publique en el Registro Oficial, para la formación del Consejo, que tiene, entre otras atribuciones, precautelar los derechos ciudadanos a la comunicación (ver infografía). La norma entró en vigencia el 25 de junio.

El representante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) fue el último en designarse. Ayer, la entidad, con el apoyo de  seis de los siete consejeros, eligió al sociólogo Hernán Reyes como su representante. Actualmente es docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, en donde ha realizado varias investigaciones y estudios sobre la comunicación.

Sobre la elección de Reyes, Mónica Banegas, vicepresidenta del Cpccs, manifestó que es una persona que conoce a fondo la comunicación y tiene una vasta experiencia. Su nominación fue propuesta por el consejero Luis Pachala.

DATOS

El artículo 50 de la Ley de Comunicación determina que entre los  requisitos para ser designado representante ante el Consejo de Regulación está el tener nacionalidad  ecuatoriana o ser extranjero legalmente residente en  Ecuador.  

Además, no tener relación de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad con quienes sean o hayan sido socios o accionistas de medios.

Asimismo, no ejercer funciones de administración o gerencia de los medios de comunicación o trabajar bajo relación de dependencia durante los dos años anteriores a la fecha de su designación.
En la sesión se presentaron las candidaturas de Raúl Barba, en representación del Comité de Emergencias Profesionales de la Comunicación, y Patricio Reyes, un ciudadano que se postuló en forma particular. Estas nominaciones no contaron con apoyo, al igual que la de Marco Villarroel, exdecano de Comunicación de la Universidad Central, realizada por  el consejero  David Rosero.

Con la designación de Reyes, el Consejo puede empezar a   trabajar con los cuatro miembros restantes que son: el periodista Patricio Barriga, en representación del Ejecutivo y que será su presidente; los abogados Roberto Wohlgemuth, por los gobiernos autónomos descentralizados, y  Paulina Mogrovejo, por la Defensoría del Pueblo.

A ellos se une la socióloga Tamara Merizalde, por el Consejo de la Niñez. El cargo de esta última sería temporal y estará en funciones hasta que se conformen los Consejos de Igualdad, cuando la Asamblea apruebe la respectiva ley.     

Barriga habría estado esperando que se defina al último de sus integrantes para convocar a la primera reunión del organismo, que se realizaría en los próximos días.

Extraoficialmente, este diario conoció que Barriga adelantó ya el trabajo y habría mantenido reuniones con varios asesores para definir los reglamentos que  necesita la Ley de Comunicación.

De hecho, la norma, en la disposición transitoria séptima, estipula un plazo no mayor a 60 días a partir de su conformación para expedir los reglamentos.

Uno de los temas que deberá resolver el Consejo es si para aplicar la ley se necesita solo un reglamento general o varios más que sean  específicos.

Romel Jurado, profesor y consultor en temas de derechos humanos y comunicación, enfatizó que hay 11 artículos en la Ley de Comunicación, que remiten a la creación de un reglamento. La mayoría de esos numerales está en  las disposiciones transitorias de la ley.

Según Jurado, la normativa reglamentaria podría abarcar temas como el cumplimiento del derecho a la comunicación intercultural (Art. 36), así como los procesos administrativos, en donde se definirían los procedimientos para que los ciudadanos presenten reclamos y solicitudes respecto al ejercicio de sus derechos.

Otros temas que deberán reglamentarse son la conformación del Sistema de Comunicación, los actores de publicidad, el registro público de los medios, extensión de la publicidad  y la  inversión en ella.

Ayer se realizó el proceso de acreditación de los veedores que participarán en la designación del Superintendente de la Información. La entidad  espera que el Ejecutivo envíe la terna, luego de ello, correrá un plazo de cinco días para la impugnación ciudadana.

En total se aceptó a 190 veedores, 84 en Quito y 50 en Guayaquil. La designación del Superintendente no se realiza mediante una comisión de selección, sino que el pleno elige con apoyo de un equipo técnico de análisis. El proceso podría durar dos meses.

Se espera que en los próximos días el jefe de Estado, Rafael Correa, envíe la terna, tras su retorno de vacaciones.