Los integrantes del Consejo de Regulación se reunieron el jueves para analizar los borradores de los reglamentos de la Ley de Comunicación, que se encuentra en vigencia desde el pasado 26 de junio.   

Según Roberto Wohlgemuth, integrante del Consejo, se espera que el reglamento esté listo hasta en 15 días para que sea remitido al Ejecutivo para su aprobación.

Detalló que los reglamentos específicos contendrían temas como las sanciones. Ya que -a su criterio-  deberán quedar claros los mecanismos de cómo procederá el Superintendente de Comunicación.   

Dijo que la ley habla del sistema de comunicación (públicos, privados y ciudadanos), además de los actores sociales. Extraoficialmente, este Diario conoció que el Consejo estaría analizando la vigencia de seis reglamentos específicos, además del general, cuyo diseño estaría a cargo del Ejecutivo.

DATOS

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) se encuentra a la espera de que el Ejecutivo envíe la terna para la selección del nuevo Superintendente de Información y de Comunicación. Hasta el momento, la Presidencia de la República estaría analizando los nombres y se esperaría remitir la nómina máximo hasta  septiembre.

La Ley de Comunicación no establece plazos para el envío de la nómina. Según el artículo 55 de la normativa, la Superintendencia tendrá en su estructura intendencias, unidades, divisiones técnicas y órganos asesores que deberán ser incluidos en los reglamentos que realice el Consejo de Regulación.  

Las resoluciones del superintendente, según la ley, son de obligatorio cumplimiento.La disposición transitoria séptima de la normativa estipula un plazo no mayor a 60 días para que la entidad apruebe los reglamentos correspondientes. El plazo vencería el próximo 26 de agosto.

Para Paulina Mogrovejo, el reglamento a la Ley de Comunicación, que actualmente elabora la institución, debe ser muy claro para permitir que su aplicación resulte fácil para la ciudadanía.

Explicó que el Consejo de Regulación de la Comunicación trabajó  en todos los documentos necesarios para obtener recursos del Estado.

El Ministerio de Finanzas, según la ley, tiene hasta septiembre (90 días) para provisionar los recursos del Presupuesto General del Estado a la institución.

Wohlgemuth precisó que los consejeros están “trabajando intensamente. Debemos considerar que le debemos mucho tiempo al Estado, ya que fue una ley detenida por intereses y caprichos de la oposición y ciertos medios de comunicación”.

Sobre el presupuesto, dijo que mantienen un borrador y que el rubro es “bastante razonable” y que se analizó con el Ministerio de Finanzas. Actualmente estarían coordinando acciones con el Ministerio de Relaciones Laborales y la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades). Con esta última define la matriz de competencias y el marco de gestión.  

Piensan continuar trabajando en  las oficinas de la Defensoría del Pueblo dos o tres meses más, pero que a la par coordinan con la Secretaría de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar) para encontrar una buena ubicación para la nueva institución.       

Sobre las quejas ciudadanas, Wohlgemuth explicó que éstas deberán ser procesadas por la Superintendencia de Información y Comunicación, bajo el reclamo que realice la ciudadanía.             

El linchamiento mediático      

El miércoles, la bancada de PAIS se reunió para analizar el linchamiento mediático, en donde la asambleísta María Augusta Calle presentó su postura de tipificación de la figura en el Código Penal. Según el asambleísta Vethowen Chica, la bancada no tomó una postura definida sobre el tema y  una resolución se analizará hasta la próxima semana.        

Wohlgemuth cree que para que exista linchamiento mediático se debe probar que la información difundida debió ser pactada, es decir concertada entre dos o más generadores de noticia, además de que la información debe ser publicada o difundida de manera reiterativa, o sea, en más de una ocasión, y cuando exista una afectación en contra de un sujeto o institución.