Cerca de un mes duraría el proceso de designación del nuevo Superintendente de la Información y Comunicación, una vez que el pleno del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) avocó conocimiento de la terna que envió el Ejecutivo el miércoles pasado.  

La entidad oficializó ayer el listado, que está encabezado por Carlos Ochoa, seguido por  María Elena Aguirre y Wilman Sánchez. Ellos son los tres postulantes del Ejecutivo para ocupar el cargo.

Mónica Banegas, presidenta encargada del Cpccs, enfatizó que la entidad podría designar al nuevo Superintendente desde el 4 de octubre, si es que no se reciben impugnaciones ciudadanas. Desde el 23  hasta el 27 de septiembre, la ciudadanía  podrá impugnar a los candidatos. Para este procedimiento  no se necesita de la firma de un abogado si no solamente presentar las observaciones.

Si hay impugnaciones ciudadanas, el proceso podría demorar casi 20 días más, tiempo en el cual  los impugnados deberán presentar las pruebas de cargo y de descargo hasta que el pleno de la institución resuelva y eso podría ser  hasta el 24 de octubre. (Ver infografía)

Banegas explicó que en el proceso se inscribieron 114 veedores ciudadanos, quienes supervisarán todas las etapas.

El veedor  Gustavo Sosa precisó que ellos controlarán que los postulantes cumplan con todos los requisitos de ley y que no estén incursos en las prohibiciones que estipula la ley.

Para el proceso de selección del Superintendente se usará el reglamento para la designación de superintendentes y procurador, que se usó en 2012, según Banegas porque la Ley de Comunicación no dispone requisitos extras para la elección  del funcionario.   

Entre las prohibiciones están que no podrán integrar las ternas quienes se hallaren en interdicción judicial, reciban sentencia ejecutoriada que condene a pena privativa de libertad, mantengan contratos con el Estado, como persona natural, socio, representante o apoderado de personas jurídicas, tengan obligaciones pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI), entre otras. Si alguna persona cae en una prohibición, se notificará al Ejecutivo para que cambie de representante.