La Revolución Cultural, Urbana y del Conocimiento son prioritarias para el Gobierno y se implementarán en el próximo período de cuatro años. Estos tres ejes no solo definen el camino que tomará la Función Ejecutiva, sino que también marcarán las prioridades de la Función Legislativa entrante.

Poco a poco, la próxima Asamblea Nacional define su trabajo, así como las leyes que pondrá sobre el tapete cuando asuman funciones el 14 de mayo. La Revolución Cultural entraría con fuerza con las leyes de Cultura y de Comunicación.

Esta última está lista, ya no habría debate y solo faltaría la votación artículo por artículo, mientras que concluyó el proceso de consulta prelegislativa de la Ley de Cultura y el debate recién se iniciará en la Comisión.

En la Revolución Urbana, en cambio, se analizaría un Código de Desarrollo Urbano, además de reformas al Código Orgánico de Ordenamiento Territorial (Cootad).

El tercer eje y uno de lo más importantes tiene que ver con la Revolución del Conocimiento, que vendría atado al cambio en la matriz productiva. El vicepresidente Jorge Glas trabajaría directamente en ello. Estará al frente del comité  que coordinará la ejecución de políticas en los Sectores Estratégicos.

Para el cambio de la matriz productiva se trabajará en Ciencia y Tecnología, Conocimiento y los temas productivos y económicos. Allí habría dos leyes prioritarias: Telecomunicaciones y Electricidad. El nuevo vicepresidente Glas, junto con la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), ya trabaja en los textos definitivos.

Ximena Ponce, asambleísta electa e integrante del buró, explicó que la Ley de Economía del Conocimiento definirá el aprendizaje como un valor que se debe distribuir y no solo redistribuir para que “todas las personas no solo tengan acceso a la educación, sino que se analicen temas como patentes y softwares libres, que son elementos que constituyen el conocimiento”.

De esta manera, la Revolución del Conocimiento buscaría cambiar la distribución de la riqueza que, según Ponce, “no solo es poner más impuestos sino cambiar los modos de organización de la producción”. Por ello se plantearían reformas culturales, tecnológicas y de conocimiento “relacionadas entre sí”, concluyó Ponce.

La Constitución ecuatoriana, aprobada en 2008, daría pautas sobre la aplicación y fortalecimiento de la matriz productiva. Por ello, en esta nueva etapa se buscaría adaptar los principios legales a los principios constitucionales. El artículo 385 de la Constitución, por ejemplo, aborda la ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales y orienta el trabajo al desarrollo de la producción nacional.  

Telecomunicación y Eléctrica

Las leyes de Telecomunicaciones y de Electricidad, en cambio, buscarán adaptar la normativa al dinamismo de los sectores, sobre todo, de las Telecomunicaciones, que es uno de rápida evolución, en donde todos los entes involucrados seguirán trabajando, amparados en una sola normativa.

Para Pabel Muñoz, subsecretario de Senplades, estas leyes adaptarían la institucionalidad. Por ejemplo, en Telecomunicaciones existirían dos consejos nacionales, como el de Telecomunicaciones (Conatel) y el Nacional de Electricidad (Conelec) que tienen elementos de regulación con presencia del ente regulado.

En ese ámbito se buscaría avanzar a la creación de Agencias de Control y Regulación. “La idea no es tener unos cuerpos colegiados con la presencia del sector privado, sino que quede bien establecido que tendríamos un órgano de regulación con la presencia del Ejecutivo. Desde Montecristi quedó claro que la regulación es una materia asociada con la rectoría de política”, anotó.

Muñoz manifestó que esas dos leyes tuvieron elementos de la época neoliberal y, por esa razón, serían inminentes los cambios: “muchas de estas leyes buscaron debilitar a los sectores para viabilizar la privatización de las empresas en ambos casos”. Recordó la división entre Pacifictel y Andinatel que tuvo el objetivo de viabilizar la privatización en ambos casos.

EL EJECUTIVO ESPERARÍA APROBAR EL CÓDIGO DE MANEJO AMBIENTAL

La aprobación del Código Ambiental sería otra de las prioridades que tendría la Asamblea Nacional en el próximo período. Este código se trabajó por más de dos años y medio en la Función Ejecutiva y es un documento que, según la ex ministra de Ambiente Marcela Aguiñaga, buscaría renovar todas las leyes “caducas, anacrónicas y desajustadas a la Constitución de 2008”.  

Explicó que en la nueva Carta Magna se trazó el principio de que la naturaleza tiene derechos de restauración, de reparación de la naturaleza, así como el uso adecuado de los recursos naturales, pero a la vez declarando a la biodiversidad como estratégica.

En este sentido el vicepresidente electo, Jorge Glas, manifestó que el Gobierno seguirá impulsando la minería responsable con la comunidad, las nacionalidades y la economía”.

De esta manera, el Código Ambiental pondrá en marcha los principios constitucionales y derogará leyes que ya están fuera de contexto para evitar la “dispersión legal”, contó Aguiñaga y así proponer una normativa de avanzada.

El Código Ambiental vendría de la mano con la creación de una superintendencia, que trabajaría en controlar que la normativa se ejecute y ponga en práctica. El capítulo segundo de la Constitución aborda los temas biodiversidad, biosfera, ecología urbana y energías alternativas.