Desde que se inició el nuevo periodo constitucional, varios sectores de la sociedad  han pedido, tanto al gobierno como a los flamantes legisladores, cambios en el proyecto de Ley de Comunicación.

En ese marco se habrían sugerido modificaciones al proyecto que elaboró la desaparecida Comisión Ocasional de Comunicación, que presidió Mauro Andino.  

Como el legislador fue reelecto para el actual periodo, él ha sido designado ponente de la norma que tiene previsto votarse hoy en el pleno de la Asamblea Nacional.

En ese marco, Andino ha recibido propuestas ciudadanas al proyecto legal que es un mandato constitucional.

Superintendencia

Una de esas modificaciones sería la creación de una Superintendencia de Información y Comunicación que vele por el cumplimiento de las disposiciones de la ley antes citada. Esta entidad y el Consejo de Regulación serían creadas según  la norma.    

Ayer, el asambleísta de Acción Regional por la Equidad (ARE), Bolívar Castillo, indicó que debería haber una autoridad que ejecute las disposiciones legales. Para él debe ser una persona en específico y no un organismo colegiado, en referencia al Consejo de Regulación.

Periodistas de medios privados habrían hecho sugerencias a escondidas de sus superioresJustamente este sería el criterio para introducir el cambio en la Ley de Comunicación. La Superintendencia de Información sería un organismo técnico, de vigilancia, auditoría, intervención y control.

En ese sentido, contaría con atribuciones para hacer cumplir la normativa. La creación de este nuevo organismo se enmarcaría en el principio de que la Comunicación es un bien público que requiere protección.

Para ello la entidad contaría con intendencias, unidades, divisiones técnicas, y órganos asesores. Eso porque este organismo receptaría las denuncias de la ciudadanía ante eventuales incumplimientos.

Y al igual que sus otros colegas, el superintendente de Información sería nombrado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) de una terna  enviada por el  Presidente de la República.

El Consejo de Regulación sería el encargado de emitir reglamentos, elaborar estudios e informes, entre otras responsabilidades.

Este cuerpo colegiado estaría conformado por un representante de la Función Ejecutiva, que lo presidirá, otro de la Función Legislativa, un delegado del Cpccs, un representante de los gobiernos autónomos descentralizados y otro del Defensor del Pueblo.

Publicidad  

Los productores nacionales también  presentaron sugerencias al actual proyecto de Ley de Comunicación, por lo que se habrían incorporado cambios en esa materia.  

En ese sentido, la ley obligaría a los medios nacionales a incluir producción nacional en el 60% de su programación, de la cual al menos el 10% debe ser independiente.

Quienes trabajen en la producción de noticias deberán ser periodistas profesionalesTambién se ordenaría que la publicidad que se difunda en el país sea producida por personas naturales o jurídicas ecuatorianas. Al menos el 80%de las personas involucradas en estos trabajos deberá ser ecuatoriana o extranjera legalmente radicada en el país.

De igual manera, se prohibiría que un solo productor concentrase más del 25% de la cuota horaria de un mismo canal de televisión. La norma obligaría a los canales de televisión a exhibir al menos dos largometrajes de producción nacional independiente.

Para comprar los derechos de transmisión de estos productos, las estaciones televisivas tendrían que  destinar un valor no menor al 2% de los  montos facturados en el ejercicio fiscal del año anterior.

En el caso de las radios, éstas deberían transmitir  música producida, compuesta o ejecutada en Ecuador que represente el 50% de su programación.

Cuando el volumen de la producción nacional independiente no alcance a cubrir la cuota prevista por la ley, las producciones iberoamericanas la suplirían.

Los medios de comunicación audiovisual deberán alcanzar de forma progresiva estas obligaciones  en el plazo de tres años a partir de la entrada en vigor de la ley, empezando con el 20% en el primer año, 40% en el segundo y 60% en el tercero.

La misma gradualidad se aplicaría para la difusión de contenidos musicales: 20% en el primer año, 35% en el segundo y 50% en el tercero. En los últimos días también circuló la posibilidad de incluir la figura de “linchamiento mediático” en el texto legal.

Esas sugerencias habrían llegado hasta el ponente.  Por eso se podría incorporar un artículo que prohíbe la publicación reiterada de  información con el propósito de desprestigiar. La actual asambleísta, María Augusta Calle, ha sido una de las principales impulsoras de esta figura. Ella asegura que sufrió un acoso mediático cuando la acusaron de pertenecer a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Aporte de periodistas de medios privados

Calle también reveló que periodistas de medios privados intervinieron en la redacción de la Ley de Comunicación a espaldas de sus jefes por temor a recibir represalias. “Esta Ley de Comunicación ha sido construida con múltiples actores que intervienen en la comunicación. En esta ley han intervenido organizaciones de radios comunitarias, productores audiovisuales, publicistas, realizadores, periodistas –muchos periodistas- a espaldas de los medios, algunos que sabían que el participar dentro del proceso de discusión de la Ley les podía significar que les despidan. Compañeros, compañeras de medios privados que intervinieron en el debate, pero de manera reservada”, dijo la legisladora.   

Gran parte de la sección de los Derechos de los Trabajadores de la Ley de Comunicación fue realizada con aportes de periodistas de medios privados, recogiendo la propuesta de ellos, según Calle. “No fue una iniciativa mía, solamente. Esta propuesta recoge la solicitud de estos compañeros y compañeras de los medios privados”, reafirmó.  

La asambleísta destacó que hubo más de dos centenares de observaciones al texto de la Ley. Ante las críticas que ha hecho la oposición en relación a   que se necesita más debate, la legisladora señaló que este era un documento público y que ya han recibido varios aportes de los asambleístas recién electos.

Profesionalización

Uno de los gremios que ha hecho sugerencias fue la Unión Nacional de Periodistas (núcleo Guayas). El presidente de este grupo, Washington Vizuete, pidió que se obligue a todas las personas que estén involucradas en la comunicación a ser periodistas profesionales.

El anterior proyecto solo obligaba a los directores de medios a ser periodistas, pero el actual proyecto habría cambiado para cuidar la profesión de periodista.

De esta forma, todas las personas que trabajan en los medios, en la producción de noticias, deberían ser periodistas.

MEDIOS PÚBLICOS

La norma establecería medios públicos y medios públicos de carácter oficial.

Los primeros se crearían a través de decreto, ordenanza o resolución, según corresponda a la naturaleza de la entidad pública que los crea. Estos pueden constituirse también como empresas públicas.

Los segundos podrán ser creados por las funciones del Estado y los gobiernos autónomos descentralizados. Tendrían como objetivo principal difundir la posición oficial de la entidad pública que los crea en relación a los asuntos de su competencia y los de interés general de la ciudadanía. La Ley de Comunicación también definiría los métodos de financiamiento de estos medios.Por eso “la UNP-Guayasestá completamente de acuerdo con la necesidad de crear una ley de Comunicación, sobre todo creemos que es necesario que quede establecida la profesionalización para que sean los comunicadores sociales y periodistas los que estén presentes en todas las áreas, es decir, desde el director hasta el último corresponsal”, señaló Vizuete.

Él opina que pueden ser otros profesionales o expertos en ciertos temas quienes escriban. Esta excepción contaría en la norma.

Sobre los derechos de los comunicadores, él hace “hace una observación a la disposición de poner un sueldo a los periodistas no profesionales porque eso da cabida a que los dueños de medios contraten a estas personas porque les pagan menos; eso contradice el querer un periodismo profesional”.

Denuncia que en las radios hay mucha inequidad y aún no se paga el sueldo básico que quedó establecido en la ley. “El Consejo de Regulación que se creará es el encargado de supervisar el cumplimiento de la ley, con esto seguro lograremos un mejor desarrollo de la comunicación que mejore a la sociedad como debe ser”, consideró.

Para el dirigente gremial, el problema no es el periodista sino los mecanismos establecidos en la ley para hacerlos cumplir. “Además queremos que se concrete a qué se hace referencia al decir derecho a la comunicación porque es un término muy general; los comunicadores necesitamos una ley específica que nos proteja”, aseveró.

Gabriela Rivadeneira, presidenta del Legislativo, convocó a los asambleístas a la continuación de la sesión 136 del pleno de la Asamblea Nacional para hoy a las 10:30, en la que se someterá a votación el proyecto legal.

En la Constitución vigente, aprobada en 2008, se dispuso al Legislativo la redacción y aprobación de la Ley de Comunicación, pero debido a la falta de votos no se pudo aprobarla.

Situación similar sucedió luego de la aprobación de la consulta popular en 2011, cuando los ciudadanos avalaron la norma.

Ahora, la Asamblea se apresta a votar la norma luego de tres años y medio de espera.

VER TEXTO FINAL PARA VOTACIÓN DEL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN