Patricio Barriga, presidente del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación de Ecuador, restó importancia a las críticas de la organización Human Rights Watch (HRW) al estado de la libertad de expresión en el país.

De acuerdo al informe anual de HRW presentado este martes en Brasil, la Ley de Comunicación promulgada por el gobierno de Ecuador contiene disposiciones “poco precisas” y regula a los medios audiovisuales y escritos “de tal forma que cercena la libertad de expresión”.

En declaraciones a Andes, Patricio Barriga, titular del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación (Cordicom), entidad que forma parte del sistema institucional de la Ley de Comunicación aprobada en junio de 2013, dijo que la postura de Human Rights Watch es política y apunta a deslegitimar la vigencia de la normativa.

Contrario a la opinión de HRW, Barriga sostuvo que la Ley es clara y más bien garantiza y ampara los derechos a la comunicación e información.

“Lo que puede decir Human Rights Watch nada tiene que ver con la realidad que estamos viviendo y, de hecho, si es que hubiese alguna imprecisión (en la Ley) el reglamento (expedido el lunes por el Ejecutivo) hace lo que corresponde. Es decir, aclara y precisa lo que la Ley ordena”, manifestó.  

Añadió que la postura de HRW, así como otras organizaciones internacionales, ha realizado una campaña de opinión que pretende menoscabar la legitimidad social que tienen las regulaciones a la comunicación, sobre todo en países de corte progresista.

“En el caso de Ecuador, creo que la Ley, al contrario de lo que puede advertir este o algunos think tanks, que ya sabemos cuáles son sus sesgos, lo que hace es proteger y amparar los derechos a la información y comunicación de todas las personas y, en ese línea, favorecer el ejercicio cabal de los mismos”, acotó.

“En Ecuador se puede decir lo que quiera, lo único que se pide es que quien lo diga se haga responsable. Esa es una línea fundamental y está expresada en la propia Constitución de la República: se protege, se garantiza, se promueve los derechos de la libre expresión, pero esos mismos derechos acarrean responsabilidades y obligaciones para no afectar los derechos de las otras personas”, puntualizó el funcionario.

La Ley de Comunicación -aprobada por una mayoría legislativa en junio de 2013- se deriva de dos mandatos populares, la Constitución de 2008 (en vigencia) y la consulta popular de mayo de 2010. Antes de su aprobación, la normativa recibió un tenaz bloqueo por parte de la oposición política en el Legislativo, así como de los grandes grupos mediáticos con eco en ONG foráneas.