A las 11:30 de este jueves, miembros de la Comisión 30-S, comitiva que indaga  los hechos del 30 de septiembre del 2010, informaron sobre los giros que tomarán las investigaciones, luego de la prórroga de seis meses que tendrá en funciones, por Decreto Presidencial 185.

Carlos Baca Mancheno, presidente de la comisión, indicó que el principal objetivo en este nuevo plazo, será el determinar de una vez a los autores materiales e intelectuales de los hechos de la rebelión policial de ese día. “Y junto con quienes participaron de esta conspiración política”, dijo.

“La dispersión procesal fue el principal problema que afrontó la comisión, pues muchos casos se investigaron de manera aislada”, expresó el presidente de la Comisión.  

La comisión comunicó que ahora se profundizará en las indagaciones, fortalecerá la cooperación interinstitucional, y promoverá campañas de participación ciudadana para que aporten con más datos e informes para ubicar a los responsables.

Baca reveló que hay avances significativos en el último mes, pues se abrieron doce nuevos expedientes judiciales en ciudades de Quito, Ambato, Cuenca y Guayaquil. “Son 52 procesos que se han judicializado en total por los hechos del 30-S, entre abiertos y cerrados”, expresó.

El reporte de los primeros seis meses, ya fue presentado por la comisión al presidente de la República, Rafael Correa.

Óscar Bonilla, miembro de la comisión, manifestó que ese informe contiene diferentes campos analizados, como la debilidad institucional, sistemas de comunicación e inteligencia, y la participación de actores políticos y económicos en los hechos del 30-S.

Diego Guzmán, miembro de la comisión, expresó que se implementó un sistema digital en el manejo de todos los datos que obtuvieron con las 303 reuniones con miembros de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, profesionales de los medios de comunicación y ciudadanos que fueron víctimas de la violencia para confirmar que existió un intento de golpe de Estado. “Se procesó  más de 20000 fojas, 15000 publicaciones de prensa y más de 300 piezas audiovisuales”.

Los resultados de este informe son remitidos constantemente a la Fiscalía General del Estado, porque comprometen procesos judiciales.