Correa: El Universo busca deslegitimar a la nueva CNJ
El presidente Rafael Correa calificó como "nueva jugarreta" la suspensión de la audiencia de casación en el proceso que se sigue contra diario El Universo, que estaba prevista para este martes.
"Esperamos que con lo de hoy al país le quede claro quiénes son los que han manipulado, quiénes son los que han presionado, los que han buscado el cambio de jueces, para después rasgarse las vestiduras", sostuvo.
La audiencia no pudo desarrollarse debido a la ausencia por enfermedad de Luis Enrique Pacheco, uno de los tres jueces de la Segunda Sala. Correa criticó que justo hoy se le haya otorgado el permiso médico al magistrado.
"¿Desde cuando decía el certificado que no puede trabajar, desde el 24 de enero no?, ¡Qué coincidencia!", manifestó.
En este sentido añadió que al retrasar el proceso lo que busca el rotativo es deslegitimar a la nueva CNJ. El miércoles se cumple el último día en el período de los actuales magistrados y el próximo jueves tomará posesión el nuevo organismo, que ahora se hará cargo del caso.
El mandatario dijo que no tiene ningún problema con ello, pues "cualquier corte honesta que venga nos dará la razón".
"Yo no tengo ningún problema, sabemos que tenemos la razón, ellos ya lo saben, por eso quieren retrasar todo. Lo que quieren es hacer daño y deslegitimar a la nueva Corte", sostuvo.
Advirtió sin embargo que si los nuevos magistrados fallan a su favor, buscarán destrozarlos mediáticamente como lo hicieron con el juez Juan Paredes.
"Entonces será la corte corrupta, la corte de Correa, Chucky Seven, Chucky eight (...)", reiteró.
Explicó que la nueva sala "estrictamente hablando para casación lo que tiene que revisar son cuestiones de procedimiento, ya no pruebas ni nada, entonces más sencillo el trabajo".
En la rueda de prensa, el Jefe de Estado también criticó el ofrecimiento del director del rotativo, Carlos Pérez, de una disculpa condicionada.
Ayer, Pérez dijo que publicarían una rectificación por la columna "No a las mentiras" de Emilio Palacio, si el mandatario retira todas las demandas iniciadas contra periodistas, hace cumplir la ley de acceso a la información pública y consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la ONU sobre el proyecto de Ley de Comunicación.
"Miren la inconsistencia de lo de ayer, ya lo manifesté. Si piden disculpas es porque cometieron un error, y el que comete el error impone condición, es inaceptable lo que dicen. En todo caso, las condiciones que están proponiendo, las estamos cumpliendo hace tiempo", dijo.
En cuanto a la primera condición sostuvo: "Yo no estoy enjuiciando a periodistas, estoy enjuiciando a calumniadores".
Respecto al pedido de acceso a la información pública indicó que "no hay gobierno más transparente que el nuestro. El 98 por ciento de las instituciones del gobierno central cumple con la Ley de Transparencia", acotó.
"Cumplan con el deber constitucional, cumplan su deber de acuerdo a los tratados internacionales que tanto invocan y cumplan con su deber sobre todo ético, corrigiendo una monstruosa mentira que publicaron", instó a los directivos del diario.
"El principal enemigo de la libertad de expresión es la mala prensa", añadió.
Hasta el octavo piso de la Corte, en Quito, llegó antes de las 9:00 el Primer Mandatario, los abogados de las partes, y algunas autoridades.
Antes de ingresar, Alembert Vera calificó de "chantaje, inmoralidad y prepotencia" el ofrecimiento de disculpa condicionado que planteó el rotativo.
Ya en la corte, Luis Quiroz, presidente de la Segunda Sala, informó que la audiencia no podía realizarse por la ausencia del magistrado Luis Pacheco, quien se excusó por enfermedad.
El abogado Vera planteó que se designe a un conjuez para que se lleve a cabo la diligencia, pero su pedido no fue aceptado.
En los exteriores de la CNJ, resguardada por policías y militares, se encontraban varios ciudadanos que expresaban consignas de apoyo al Jefe de Estado.
Los jueces debían resolver la querella penal por injurias planteada por Correa contra los tres directivos del rotativo y el ex director de Opinión, Emilio Palacio, que fueron sentenciados a tres años de cárcel y al pago de 40 millones de dólares en dos instancias previas.