La audiencia del laudo Chevron III en contra de Ecuador por una supuesta violación del Tratado Bilateral de Protección de Inversiones (TBI), suscrito con Estados Unidos, concluirá mañana en Washington (EE.UU).

En el proceso, el Tribunal Arbitral escuchará a las partes relacionadas en cuanto a los efectos de los acuerdos de liberación firmados el 4 de mayo de 1995 y el 30 de septiembre de 1998 entre la petrolera Texaco y el Estado ecuatoriano, durante el régimen de Sixto Durán Ballén y en la administración de Jamil Mahuad respectivamente.

El 17 de septiembre del año pasado el mismo Tribunal dictó un laudo parcial sobre la interpretación y efectos de estos dos acuerdos, concluyendo que los mismos no impiden a los 30.000 afectados de Lago Agrio exponer sus reclamos y actuar independientes del Estado en ejercicio de “sus derechos individuales”.

Con respecto al acuerdo de 1995, el Tribunal determinó que se impide a terceras personas formular reclamos fundados en derechos “difusos” o “colectivos”, pero la Corte se abstuvo de emitir una decisión sobre un supuesto incumplimiento por parte del Ecuador sobre los acuerdos de liberación, o si el reclamo de los demandantes de Lago Agrio perseguía la reivindicación de sus derechos individuales, o de sus derechos difusos, o ambos.

De igual forma, se contuvo de pronunciarse sobre la supuesta responsabilidad internacional del Estado surgida a raíz de la suscripción de tales acuerdos y la presentación de la demanda contra Chevron en 2003 por parte de los algunos ciudadanos de Lago Agrio.

Los tratados forman parte de la fase 1 de la etapa de Responsabilidad dentro del proceso, el cual fue dividido por el Tribunal en dos. La fase 2 se compone de las supuestas violaciones del Ecuador en el TBI, manifestadas por la transnacional estadounidense. Sin embargo, el TBI fue firmado en 1993 y entro en vigor en 1997, es decir 5 años después de que la empresa Chevron-Texaco saliera del país.

Esta audiencia inició el lunes pasado, en donde el Subprocurador General del Estado, Rafael Parreño Navas, expuso -según un comunicado de la Procuraduría del Estado- los argumentos que liberan de responsabilidad al Estado ecuatoriano como “consecuencia de la demanda presentada contra la petrolera por parte de los litigantes de Lago Agrio, así como los fundamentos que el Tribunal debería observar para establecer apropiadamente la naturaleza del reclamo de los litigantes de Lago Agrio”.