Ni PAIS ni la oposición encuentran un punto de equilibrio para viabilizar la votación, al menos en esta semana, de la Ley de Comunicación. El ponente del proyecto, Mauro Andino, exhortó ayer a los legisladores a avalar una normativa que, según dijo, ya ha pasado al plano político.

Andino duda de que esta semana el titular de la Legislatura, Fernando Cordero, vuelva a poner en agenda el tema. Más bien resaltó que los diálogos son necesarios antes de someterla una vez más a consideración del pleno.

Incluso, pese a que la propuesta de ley pasó ya por los dos debates, señaló que hay la posibilidad de receptar sugerencias al momento de votar artículo por artículo, moción planteada por el asambleísta independiente Tomás Zevallos, quien condicionó a PAIS dar su voto siempre y cuando se asegure que el Ejecutivo no vetará lo aprobado.

Frente a ese condicionamiento, Andino aclaró ayer que, como colegislador, el Presidente tiene todo el derecho de dar su opinión, por lo que si -al momento- no se cuenta con los 63 votos mínimos de los 124 legisladores para aprobar el articulado, “difícilmente se podría tener 83 votos para insistir en el proyecto original”.

Reconoció que la Legislatura está en mora con la Constitución y el mandato ciudadano del 7 de mayo de 2011, al no aprobar una ley que regule el contenido de los medios de comunicación. Está consciente de que si no se tramita la ley, será la Corte Constitucional la que redacte una normativa provisional.

“Se oponen a la democratización de los medios”, manifestó, al tiempo de advertir que lo de fondo es que ciertos sectores “buscan defender los intereses de las empresas de comunicación”, que no quieren ser regulados por un consejo.

A Andino le resulta difícil comprender que el trabajo legislativo se reduzca a los martes y jueves que es cuando sesiona el pleno, aunque le sorprendió que el pasado viernes estuvo presente la mayoría de los 124 legisladores. Esta serie de inconvenientes lo llevan a pensar que “el tema se ha politizado”.

Reconoció que PAIS, por sí solo, no puede aprobar la ley, sino que necesita de aliados. Y con la salida de Fernando Cáceres de la agrupación, la situación se ha tornado complicada. Las conversaciones con Cordero también están a la orden del día, así como con Guillermina Cruz, quien según Andino, aún no decide nada.

Cruz ha sido acusada de exigir obras para su provincia (Napo), así como cargos públicos, a cambio de su voto. Ella negó cualquier información de este tipo y señaló al asambleísta Jorge Escala de desinformar. “Conmigo el Gobierno tiene que dialogar. Porque sí, yo estoy fiscalizando procesos para mi provincia y acá se hace lo contrario. Tampoco tienen mi apoyo”, dijo.

De su parte, Zevallos busca que la oposición vote a favor del proyecto para evitar que la Corte haga el trabajo de la Asamblea. Por lo cual ha mantenido conversaciones con Cruz, Fernando Vélez y César Montúfar. Incluso, Zevallos anunció ayer que dialogaría con Cordero para alcanzar un consenso.