La petrolera estadounidense Chevron (Texaco) demandó al Estado ecuatoriano porque su sistema judicial no funcionó en el momento adecuado, situación  que, según la compañía, le ocasionó pérdidas económicas.
Este año, Carlos Mora, un joven que fue contagiado de VIH en una clínica guayaquileña murió sin ver tras las rejas a los autores, cómplices y encubridores de su tragedia.

Estos  son, apenas, dos ejemplos de cómo una estructura  en crisis que  no funciona  afecta por igual, no solo a  grandes y poderosas corporaciones, sino  también  a los más indefensos y desposeídos ecuatorianos.

Es extraño cómo, durante años,  nos hemos acostumbrado a ver  el funcionamiento de los  juzgados en pequeñas oficinas, con una  secretaria que lucha contra las teclas oxidadas de una vieja máquina de escribir y arrincona en pilas interminables los procesos  envueltos en  carpetas amarillentas que poco a poco se van  cubriendo  de  polvo. Ese karma que satura el espacio se manifiesta   cuando un usuario solicita cualquier tipo de documentación y solo encuentra una respuesta  grosera, o -en el peor de los casos- se ve forzado a recurrir a esa mágica  frase  del imaginario colectivo: “Ahí le doy para las colas”.

Pero como no hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista,  el Presidente de la República ha declarado el estado de excepción para resolver este problema e   impulsar los cambios urgentes, rápidos y profundos que necesita la Función Judicial.

Sin embargo, y a  pesar de que las medidas correspondientes aún no se han aplicado, las voces discordantes de siempre están  hablando  de destituir al Primer Mandatario por arrogación de funciones. Solamente la evaluación de  los resultados  permitirá a la ciudadanía opinar sobre el tema; hacerlo antes sería prematuro e irresponsable. La justicia ecuatoriana está en crisis y ha tocado fondo.

Si queremos un mejor y más equitativo país, los cambios  son impostergables.