Casi al mismo tiempo en que el Presidente de la República anunciaba el viernes en Salinas, provincia de Santa Elena, un programa gubernamental para facilitar la compra de viviendas a los sectores de menores recursos económicos, la Asamblea Nacional derogaba la Ley para evitar la especulación de la tierra, más conocida como Ley de la Plusvalía que, según expertos y gremios, frenó una de las actividades que genera más empleos directos e indirectos en el país. Con 97 votos positivos y 18 abstenciones la Asamblea Nacional se alineó con la consulta popular y referendo del 4 de febrero que se pronunció mayoritariamente contra esa norma que causó primero un estancamiento y luego un decrecimiento en la construcción. ”Lo dije desde la campaña, el mejor mecanismo para dinamizar la economía es eliminar esa Ley de Plusvalía. Y así lo hemos hecho”, manifestó el Presidente de la República, quien aseguró también que el 40% de la población nacional no tiene una vivienda digna.
Según el sector de la construcción, durante dos años consecutivos se registraron índices negativos y muchos planes de vivienda quedaron inconclusos. Como consecuencia de la norma se perdieron 83.000 puestos de trabajo, según habían informado los gremios de la construcción. El Instituto de Estadísticas y Censos (INEC) publicó que en junio de 2015 la rama de la construcción aportó con el 9,8% en la generación de empleo adecuado, en tanto a junio de 2017 se ubicó en el 7,7%. Pocos meses después de asumir el mando presidencial, Lenín Moreno impulsó el plan ‘Casa para todos’, uno de sus principales programas en materia social.
En Salinas, el Banco del Pacífico y la Corporación Financiera Nacional (CFN) presentaron nuevas líneas de crédito con la idea de que ninguna persona se quede sin casa propia. Ambas entidades mostraron sus planes con bajas tasas de interés y con la financiación de hasta 95% del valor de la vivienda. La CFN destinará un total de $ 450 millones durante los próximos tres años para financiar las aspiraciones de ser dueños de una propiedad. (O)