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El Telégrafo
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El proyecto diferencia entre las empresas nacionales y aquellas que estén en países con bajos impuestos

El SRI busca que empresas offshore tributen

Paola Hidalgo (centro), subdirectora del Servicio de Rentas Internas (SRI), desarrolló la propuesta relacionada a los paraísos fiscales.
Paola Hidalgo (centro), subdirectora del Servicio de Rentas Internas (SRI), desarrolló la propuesta relacionada a los paraísos fiscales.
Foto: Miguel Jiménez / El Telégrafo
07 de mayo de 2016 - 00:00 - Redaccion Economía

La Comisión de Régimen Económico incluyó en el informe para segundo debate la Ley Solidaria, una propuesta relacionada  a gravar con 1,8% los derechos representativos de capital (acciones) de empresas ecuatorianas relacionadas con sociedades offshore.  

El planteamiento lo hizo Paola Hidalgo, subdirectora del Servicio de Rentas Internas (SRI). Ella se apoyó con un diagrama donde se exponía el mecanismo con el que operan sociedades nacionales que tienen como accionistas a otras empresas radicadas en los paraísos fiscales.

La entidad actualmente investiga más de 200 casos con estas características, que salieron a la luz a raíz de la publicación de los papeles de Panamá.

Cuando se discutía el informe para primer debate, los comisionados aprobaron gravar con 1,8% los bienes inmuebles que se encuentran en Ecuador, pero cuya propiedad está a nombre de personas jurídicas constituidas en paraísos fiscales o jurisdicciones del exterior.

El SRI, explicó Hidalgo, detectó que dicho artículo no contempla los casos en los que los bienes sean de propiedad de empresas localizadas en el país, pero con sociedades accionistas del exterior, por lo que propuso ampliar la norma para evitar posibles evasiones a través de esta vía.

Sin mencionar nombres, la funcionaria habló de uno de los casos investigados. Allí la empresa ecuatoriana es el centro de la operación. Entre sus cinco accionistas no hay personas naturales, únicamente jurídicas que están domiciliadas en diferentes países, uno de estos es considerado paraíso fiscal.

El texto aprobado por la comisión quedó de la siguiente manera: “Se establece por una sola vez la contribución solidaria de 1,8% del avalúo catastral del año 2016, sobre todos los bienes inmuebles existentes en el Ecuador y los derechos representativos de capital de sociedades residentes en el Ecuador, en la parte que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, pertenezca de manera directa a una sociedad residente en un paraíso fiscal o jurisdicción  de menor imposición o no se conozca su residencia”.

“La contribución será del 0,9% del avalúo catastral del año 2016, sobre la totalidad de bienes inmuebles existentes en el Ecuador y los derechos representativos de capital de sociedades residentes en el Ecuador, en la parte que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, pertenezca de manera directa a una sociedad residente en el Ecuador”, reza el documento.

En síntesis, la propuesta consiste en que la empresa ecuatoriana cobre 1,8% sobre los bienes y  derechos representativos de capital, a los accionistas ubicados en paraísos fiscales, mientras que aquellos que no están en este tipo de jurisdicción paguen 0,9%. Esos recursos serán trasladados al SRI.

Así se diferencia la tarifa que deberán pagar las empresas offshore, de otras que no lo son. En el portal web del SRI se encuentra publicado un listado oficial de los países considerados paraísos fiscales.

El asambleísta de oposición, Franco Romero (PSC-MG), respaldó lo expuesto por el SRI afirmando que “si esto nos puede permitir una recaudación, vendría muy bien”.

En cambio, el legislador Ramiro Aguilar mostró su duda sobre la efectividad de la medida para hacer que las empresas offshore tributen. “Si el Ecuador descubre la fórmula de identificar acciones en compañías offshore, en el mundo, entonces habríamos descubierto algo que nos hará únicos”.

Virgilio Hernández (PAIS), presidente de la comisión, describió que el artículo del primer informe, no distinguía entre paraísos fiscales y otras naciones que no lo son. Con la modificación del artículo se busca corregir este elemento.

Ante la inquietud de cómo determinar qué sociedades están detrás de los paraísos fiscales, Hernández respondió que con un cruce de las bases de datos de los avalúos catastrales de los municipios y del SRI, “se puede determinar esos bienes y después se puede ver quiénes los tienen que pagar”.

La comisión retomará el debate interno el lunes 9 de mayo. Allí se terminarán de analizar las propuestas para el proyecto de ley. La idea es tener listo el informe final ese mismo día. De ser así, el debate podría efectuarse el miércoles 11. (I)

DATOS

Entre las modificaciones más importantes hechas al texto original de la Ley Solidaria está la ampliación de la contribución por remuneraciones hasta por 8 meses.

El incremento del IVA generó debate dentro de la bancada oficialista. Varios legisladores proponen subir solo el 1% y no el 2%. Sin embargo, hasta el momento no se han realizado cambios al respecto en el proyecto.

Distribuidores de combustibles aseguran que la subida del IVA derivaría en un incremento en el precio de las gasolinas extra, súper y diésel, entre $ 0,015 y $ 0,03 por galón.  

En la comisión no se han recibido, de manera oficial, observaciones o planteamientos sobre el IVA en los combustibles, pero Hernández considera que no sería un aumento significativo.

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La cita se realizó en Manta

Rectores se reunieron con Glas y Ramírez

El secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, René Ramírez, se reunió con los rectores de las 20 instituciones de educación superior de Manabí.

El objetivo fue alinear una estrategia común frente a la catástrofe. “A pesar del último sismo, la educación superior ha mostrado estabilidad con la unificación del inicio de clases. Cuando se trabaja coordinadamente es mejor, que hacerlo de forma aislada”, indicó Ramírez.

El vicepresidente Jorge Glas presidió esta actividad que se desarrolló en el puerto pesquero de Jaramijó. Allí el Segundo Mandatario enfatizó: “de ahora en adelante no debemos hablar del terremoto de Ecuador, sino que a partir de ahora hay que hablar de un Ecuador después del terremoto”.  

En su opinión, la misión de todos los ciudadanos es impulsar la reconstrucción de las zonas afectadas y favorecer el progreso de Manabí.

Según datos publicados por esta secretaría de Estado, 11 universidades y escuelas politécnicas de la Costa resultaron afectadas por el terremoto de 7.8 el pasado 16 de abril.

En Manabí, 4 universidades y 7 extensiones fueron dañadas a causa del sismo. El taller de trabajo sirvió para revisar las labores de las cinco comisiones técnicas integradas por las universidades y escuelas politécnicas en el marco de la Asamblea de la Educación Superior por la reconstrucción.

Las áreas que se manejan son Análisis de Riesgos Sísmicos, Salubridad e Higiene Pública, Reconstrucción Urbana y Planificación Futura, Alimentación y Nutrición, Análisis y Evaluación de estructuras. (I)

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La Comisión lo resolverá el lunes

Alcaldes solicitan incluir en la ley a toda Esmeraldas

En la Comisión de Régimen Económico, los alcaldes de la provincia de Esmeraldas solicitaron que la Ley Solidaria extienda su cobertura a toda la provincia y no solo a ciertas áreas que se determinarán mediante decreto ejecutivo, como señala el proyecto normativo.

Esta propuesta tuvo eco en varios asambleístas de la bancada oficialista y de la oposición. Las razones son las mismas: la provincia verde también sufrió serias afectaciones a raíz del terremoto.

El burgomaestre del cantón Esmeraldas, Lenín Lara, presentó cifras de los daños causados en la población, cuyas pérdidas bordearían los $ 5,4 millones solo en la parte urbana. Indicó que se levanta la información de las zonas rurales, por lo que el monto podría aumentar. Manuel Casanova y Byron Aparicio, alcaldes de Quinindé y Atacames, respectivamente, apoyaron el pedido de Lara.

Por otra parte, similar a sus homólogos esmeraldeños, los alcaldes de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas solicitaron que se incluya a su jurisdicción en la ley.

La intención de todos es que el cuerpo jurídico especifique las zonas que se beneficiarán de los recursos obtenidos.

En el primer debate del proyecto de ley, varios asambleístas plantearon este tema. Desde entonces, la propuesta ha sido analizada intensamente al interior de la comisión. Ayer, el asambleísta independiente Ramiro Aguilar volvió a sugerir que sea añadido en el informe para segundo debate.

Al finalizar la jornada, los comisionados acordaron retomar el asunto el lunes y resolver si se modifica el texto original al respecto. (I)

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Para responder al desastre natural más grande experimentado en las últimas 6 décadas, el Gobierno Nacional planteó un aumento de 2% al IVA, una contribución del 3% adicional sobre las utilidades, una contribución del 0,9% a los patrimonios mayores a $ 1 millón, el aporte de un día de sueldo para quienes ganen más de $ 1.000 y la venta de activos públicos.

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