El contrato que firmó la Ecuafútbol con los canales incautados GamaTV y TCTelevisión (por $ 16600.000) para la trasmisión de los partidos del campeonato nacional entre 2013 y 2017, obliga a los clubes a terminar los convenios firmados y vigentes que tienen con otras televisoras.

En tal virtud, Teleamazonas, que maneja los derechos de 12 planteles  de la serie A, B y segunda categoría, recurrió al centro de mediación de la Cámara de Comercio de Quito, como estipula el contrato, para acordar de manera mutua entre las partes el pago de la indemnización por rompimiento unilateral del contrato. El perjuicio total de la televisora, según el abogado Pablo Ortiz, es de 6’5 millones de dólares.

Liga de Quito, Manta, Deportivo Quito, Liga de Loja, Universidad Católica, Deportivo Quevedo (serie A); Olmedo, Grecia, Espoli, Técnico Universitario (serie B) y Valle del Chota (segunda categoría) son los equipos involucrados.

Según juristas especializados en derecho deportivo, la FEF no puede obligar a culminar contratos a terceros, como es el caso de los clubes con las televisoras. “Quienes firman  son los únicos que pueden dar por terminado el acuerdo”, sostuvo el abogado Oswaldo Paz y Miño. Inicialmente se fijaron fechas para que cada club acuda al centro de mediación, pero se suspendieron.

El plantel de la Universidad Central es el que mayor dinero debería cancelar (un millón de dólares). “Está claro que el club debe pagar, en eso no hay duda, pero deseamos que se respeten los derechos de Liga. No hemos terminado el contrato, pero vamos a analizar  los argumentos a presentar”, dijo el abogado de LDU, Fred Larreátegui. En términos judiciales, si en la mediación no hay un acuerdo, se procede a un arbitraje y se da una resolución (laudo arbitral).

“En caso de que alguno de los involucrados no esté de acuerdo con el dictamen, se puede alegar la nulidad del arbitraje a través de argumentos jurídicos y llevar el asunto a las leyes civiles, para ser juzgado como incumplimiento de contrato”, aclaró el jurista Antonio Rodríguez.

Posteriormente los clubes deben acordar con la FEF o demandar a ésta el reembolso del dinero. Hasta el momento este organismo no se ha pronunciado sobre el tema. Su jurista, Guillermo Saltos, está fuera del país.