El 24 de noviembre de este año, la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia integrada por los jueces doctores Byron Guillén, Walter Macías y Luis Rivera absolvió y declaró inocentes a los Policías Luis Guanotasig, Jesús Jetacama, Geovany Laso y Eduardo Mullo del supuesto delito de tentativa de magnicidio en contra de Rafael Correa Delgado por el movimiento denominado del 30S (30 de septiembre del 2010), en el que, gran parte de la institución policial protestó por una ley de miserables reajustes salariales. Hace algunos años, injusta e ilegalmente habían sido condenados por un andamiaje de jueces y fiscales que se prestaron a cubrir “jurídicamente” el sainete montado, en el que murieron el estudiante universitario Juan Pablo Bolaños, el policía Froilan Jiménez, el cabo del Ejército Jacinto Orlando Cortez, el soldado Darwin Fanbián Panchi, el cabo de la Policía Edwin Efén Calderón Landeta y cayeron heridas 274 personas. Dentro de esta andamiaje también hubo una “comisión investigadora” que “aportó significativamente” a la tesis de la tentativa de magnicidio, por algunos denarios.
Los involucrados injusta e ilegalmente se constituyeron en una asociación de víctimas recibiendo el apoyo, la colaboración y defensa de muchas personas solidarias con su causa. Poco a poco, se ha ido descubriendo todo el tramaje perverso, ideado y ejecutado para hacerle creer al pueblo ecuatoriano que la falacia era verdad, y la memoria va entregando ya y seguirá entregando a la opinión publica los nombres y apellidos de todos los que han sostenido y siguen sostienen esta injusticia.
Los absueltos presentaron a mediados del año pasado un recurso de revisión de sus sentencias, el mismo que ha sido resuelto favorablemente para ellos por los magistrados antes citados. La administración de justicia ha declarado el estado de inocencia de estos ecuatorianos, sustentando motivadamente su fallo. Ha cumplido. Pero, nada podrá reparar el daño que otros operadores de justicia y comisionados a sueldo, les ocasionaron con las condenas, destruyendo sus vidas y las de sus respectivas familias. Ni siquiera la reparación que el Estado deberá hacer y, el reintegro inmediato que la Policía Nacional debe realizar respecto de los inocentes. Y, ¿sobre los muertos? Silencio sepulcral.
Ninguno de los hechos debe quedar en la impunidad. La Asociación de Víctimas 30 S ya ha planteado una acción penal contra los responsables. No es esto un ejercicio de venganza. De ninguna manera. Es simplemente el deseo de que se haga justicia. Nada más.
