Desde hace pocos meses, ciertos grupos y actores políticos pretenden hacernos creer a los ecuatorianos que nuestro país vive un estado de conmoción social permanente por ineficiencia de quien esté al frente como Jefe de Estado, por lo cual, se hace necesario cortar la cabeza del Presidente de la República. Y, para ello, cualquier pretexto es bueno. Si el Presidente no accede a indultar a personajes que han sido condenados y están presos por corrupción totalmente demostrada, o no accede a intervenir en la Función Judicial para que se declare inocentes a otros corruptos que están enjuiciados y andan caminando orondos y “orgullosos” de portar grilletes, o no acepta la propuesta de no iniciar acciones ante la Fiscalía contra delincuentes de cuello blanco que están incrustados en el aparato burocrático; entonces hay que inventar cualquier argumentación falaz para impulsar un juicio político que permita destituir al Presidente o por lo menos, atemorizarlo, para ver si de alguna manera les satisface en sus deleznables pretensiones.
Como telón de fondo, se ha creado una crisis carcelaria, sin que a sus mentalizadores y ejecutores les importe un bledo la cantidad de asesinados en las cárceles del país, para significar, con la muerte, un estado de conmoción nacional que tenga a todos como protagonistas de un rechazo generalizado en todo el país de las autoridades del ejecutivo y para construir y proponer un discurso que supuestamente dé sustento a esta maquinación perversa. Las autoridades carcelarias tienen la obligación de decirnos quiénes son los asesinados, pues de las distintas informaciones que han circulado especialmente en la TV, podemos concluir que los decapitados, quemados, acribillados, descuartizados, muertos a golpes, no son precisamente miembros de las bandas presas que luchan entre si, sino ciudadanos que estaban en pabellones transitorios, por delitos menores, sin acusaciones formales o con falsas acusaciones, con pre libertad, por no pagar pensiones de alimentos o con resoluciones de libertad que no se pudieron hacer efectivas por trabas burocráticas. Es decir, condenados a ser eliminados terriblemente, para darle una realidad siniestra, al sainete de conmoción nacional.
Felizmente, la sensatez de un buen número de Asambleístas está ya rechazando esta propuesta que, en cambio, si está produciendo un estado de conmoción legislativa que debe ser también analizado jurídicamente, porque detrás de esto, también hay un abuso del derecho de ciertos Asambleístas al utilizar una figura jurídica de la Constitución para un fin descabellado que obviamente, si se produce, producirá un verdadero caos institucional.
