“Si el pueblo no puede ir a la universidad, la universidad debe ir al pueblo”, fue el pensamiento nacido de las entrañas del quehacer universitario que iba tomando fuerza en cada una de tantas reuniones que realizaba la Universidad ecuatoriana antes de la década correísta, en la que participaban autoridades universitarias de entidades públicas y particulares.

Si bien la evaluación y el aseguramiento de la calidad educativa son indispensables, el proceso de evaluación de 2012 tuvo graves cuestionamientos. A través de un habeas data interpuesto al proceso de evaluación el Ceaaces se opuso de todas las formas posibles, pues bien, si el proceso fue tan bien llevado no se entiende esta posición caprichosa de sus autoridades. Este cuestionado proceso llevó al cierre injusto de algunas instituciones.

Otro punto más grave son las consecuencias sociales que generó la suspensión poco técnica de la oferta académica. Las autoridades del Ejecutivo reconocen que existe un gran número de bachilleres que no pueden acceder a la educación superior y que tampoco trabajan, consecuencia de decisiones políticas y antitécnicas. Miles de puestos de trabajo se cerraron y miles de familias fueron afectadas. El Gobierno tiene la oportunidad de corregir esto.

Finalmente, ¿quién fiscaliza al CES, al Ceaaces y a la Senescyt? ¿Qué se ha hecho con los bienes muebles e inmuebles de las universidades cerradas? ¿En qué se gastaron los más de $ 40 millones del supuesto plan de contingencia?

Jorge Montero Rodríguez