Era común hace unos años, aunque excepcionalmente aún lo vemos, que en procesos judiciales se presenten infinidad de fojas con nombres y apellidos, números de identidad y firmas y rúbricas de quienes apoyaban una causa u otra, o simplemente alabando los méritos y virtudes de procesados(as), pretendiendo entonces y sin lugar a dudas, ‘presionar’ a los(as) operadores(as) de justicia para que el fallo se incline a la parte que las presentó, sin consideración alguna a las pruebas aportadas por los(as) litigantes e, incluso, sin preocuparse en presentar dichas evidencias.
Tal fue la práctica cotidiana de la estrategia de la ‘presión’ que, incluso y con mayor o menor énfasis, se reprodujo hábilmente de distintas formas y en todos los ámbitos de la sociedad, para ‘presionar’: con el paro por la elevación de sueldos o disminución de la jornada laboral; la movilización por el cambio o sanción a profesores; el cierre de vías por la construcción de obras; etc.
Estoy seguro de que ese ‘modelo de gestión’ feneció hace algunos años y prácticamente ha sido desechado por la mayoría de la sociedad, dando lugar al modelo de la planificación y el diálogo participativos, en el que se evidencia que lo que no está planificado no es necesario y que es imperioso participar en la gestión de las distintas formas de gobierno para lograr la inclusión de aspiraciones y realización de obras.
Sin embargo de ello, y con propósito electoral, resurgen los rezagos del ‘modelo de gestión de la presión’ con los llamados a ‘mantenerse en las calles’, ‘ejercer presión’, ‘derrotar el fraude electoral con movilización’, al ‘paro nacional indefinido’, etc., pregonados desde la alianza perdedora de las elecciones y nos dan ellos mismos mayor certeza de la falta de pruebas cuando, luego de impugnar actas y resultados, se abstienen de asistir a los procesos de revisión, como si exigiéramos repetir medio tiempo de un partido y no nos presentemos a la cancha, con el solapado argumento de que hay que repetir las elecciones, lo que es un imposible legal y constitucional.
Esta coyuntura, que debemos aprovechar para unirnos, porque no hay mal que por bien no venga, me hace recordar que hace tiempo dije que luchar por nuestros derechos es luchar por la patria e, irremediablemente, confirmo que es así. Solo cuando tengamos educación, trabajo, salud, una vida digna todos y todas, habremos creado una patria digna, soberana y plurinacional, un Ecuador de respeto a la diversidad e inclusivo con las diferencias, siendo entonces bienvenida toda lucha por mejores días para nuestras comunidades, pero, claro está, ejerciendo, en primer lugar, el derecho a planificar nuestro futuro sobre la base de las necesidades y participando de la gestión de todos los gobiernos: locales, nacionales, universitarios, etc.
Por ello se hace necesario preguntarnos si, recreando el caduco ‘modelo de gestión de la presión’, ¿luchamos por la patria? Estimo que no; no es con violencia -venga de donde venga- que lograremos engrandecer nuestro Ecuador, es con pruebas contundentes y legítimas, en este caso, sobre la existencia de la infracción electoral y de sus responsables, justificando fehacientemente que la conducción electoral no fue honesta.
Es momento de unir esfuerzos y voluntades para mejorar el país e impulsarlo para que la riqueza nacional sirva para ayudar a salir de la pobreza a quienes estamos sumidos en ella, porque solo generando capacidad adquisitiva incentivaremos la economía y, entonces, solo entonces, estaremos generando empleo y recursos, para pobres, medianos y ricos, combatiendo las prácticas de la presión y de la corrupción, vengan de donde vengan. (O)
Óscar A. Sánchez Romero
