Puedo referirme a nuestra herencia histórica de cómo forjamos una sociedad basada en la exportación de materias primas sin valor agregado; estableciendo así un país incapaz de competir a nivel tecnológico y productivo con naciones desarrolladas. Pero con una “nación anticiencia” me refiero a los procesos legales, administrativos y tributarios que se imponen a las actividades comerciales que requiere Ecuador para progresar en aspectos científicos y tecnológicos. EE.UU. y otras naciones, a las cuales hay que admirar por su poderío científico, alimentan sus maquinarias tecnológicas con el flujo de fondos públicos.

Un ejemplo, este año la Administración Obama en EE.UU. otorgó $121 millones para la Iniciativa Nacional del Microbioma que propone dominar la tecnología de uso y aprovechamiento de los microorganismos del planeta. Ecuador no debe ser distinto, pero el sistema de compras públicas ha sido diseñado sin entender que la actividad científica requiere libertad de decisión sobre a quién comprar y cómo hacerlo.

Para generar industria tecnológica y científica es necesario importar herramientas ya disponibles en otros países. Pero los aranceles de importación, costos de “servicios” de intermediarios ecuatorianos (importadores en su mayoría), la exigencia de que se use producto nacional (inexistente) y otros permisos legales (como la movilización de muestras) vuelven imposibles e incompetentes a los procesos de ciencia y tecnología nacionales. Sin una ley especial de compras y abastecimiento para la ciencia y tecnología, seguiremos relegados e incapaces de producir conocimiento competitivo. (O)

Pablo Santiago Jarrín Valladares