Señor
DIRECTOR DE DIARIO EL TELÉGRAFO
De mi consideración:
Me dirijo a ustedes para referirme al reportaje anunciado el domingo 10 de septiembre, mediante decenas de publicaciones en las redes sociales de diario El Telégrafo y destacado como portada de la edición del lunes 11 de septiembre, con amplio desarrollo en las páginas 2 y 3, identificadas como “Tema del día”.
Debo señalar que lo publicado vulnera un propósito básico de la comunicación: presentar temas de interés público con todos los elementos de juicio para garantizar un debate basado en evidencias y documentos. Les recuerdo que el señor Ricardo Rivera manifestó mediante escrito público: “Mis actividades privadas desde 2007 han sido de mi exclusiva responsabilidad, en consecuencia, de total desconocimiento o participación de naturaleza alguna por parte del referido ingeniero Jorge Glas Espinel”.
¿Por qué entonces se insiste en señalar al Vicepresidente de la República como parte de un proceso en el que no está inculpado, ni mucho menos sentenciado? A falta de argumentos, el medio repite hasta la saciedad (ocho veces en una sola pieza periodística) que Ricardo Rivera es el tío del Vicepresidente, solo con el afán de nombrar a este último y de convertirlo en el centro de la “noticia” .
Por estricto rigor periodístico toda la información debió ser contrastada, para que la noticia no empiece diciendo: “Nadie sabe cómo una carta privada y dirigida al vicepresidente de la República, Jorge Glas, llegó a poder de su tío Ricardo R., uno de los principales sospechosos en la instrucción fiscal por asociación ilícita que busca revelar la red de corrupción que armó la compañía brasileña Odebrecht en Ecuador”.
¿El Telégrafo indagó, antes de publicar, quién pudo ser el autor de ese supuesto traslado de correspondencia? ¿Ese “nadie sabe” justifica una publicación con el solo afán insinuar responsabilidades a terceros o al Vicepresidente de la República?
El medio convierte una especulación en noticia, cuando resta importancia a las declaraciones de los funcionarios responsables de las actividades que se mencionan, que, por cierto, no guardan ningún secreto, ni ocultan ninguna irregularidad. No se debe olvidar que la información de las instituciones gubernamentales es pública, es decir, que si existe interés sobre un asunto de índole institucional, tanto medios de comunicación como la ciudadanía en general, tienen el derecho de acceder a los datos requeridos a través de los canales regulares.
La noticia señala: “lo cierto es que un peritaje a la computadora de Ricardo R. halló la carta enviada al Vicepresidente de la República por parte del consorcio internacional Vea Group, en la cual evidenciaba su deseo de invertir en el proyecto minero Fruta del Norte ... “. Olvidan mencionar que el referido documento, gestionado a través del sistema Quipux, tiene un remitente y un destinatario, que no son el Vicepresidente Jorge Glas y que corresponde a un trámite
absolutamente regular entre funcionarios públicos, cuyo tratamiento y resultados no tienen nada de extraordinario.
El documento que se habría encontrado supuestamente en la computadora de Rivera, corresponde al oficio mediante el cual el Secretario General de la Vicepresidencia corre traslado del pedido de audiencia presentado en la Vicepresidencia para que sea atendido en el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, por lo que la nota de prensa además de maliciosa es mentirosa. La nota responde más al género del sensacionalismo que al periodismo de investigación, ya que lo menos que hizo quien la redactó es investigar.
Dicho documento, despachado a través del sistema Quipux, aparece según el peritaje de la fiscalía en el escritorio del supuesto computado de Ricardo R, bajo el nombre de “Vicepresidencia”, creado el 1 de abril, 9 días después de haber sido remitido al ministerio y al solicitante. La noticia enfatiza: “Todo se hizo a través del sistema Quipux, una red de comunicación oficial del Gobierno que permite el intercambio de documentos según la jerarquía del funcionario. El trámite se cumplió, aparentemente, con normalidad hasta que los oficios aparecieron en poder de Ricardo R.”. ¿Se suspendió el trámite? ¿Dónde estuvo la anormalidad? ¿Qué sugieren con ello? ¿Por qué no respaldan esa afirmación con hechos, evidencias y pruebas como lo hace cualquier medio o un periodista responsable? ¿La palabra “aparentemente” sugiere que no hubo normalidad? ¿Cómo lo pueden comprobar?
Si el equipo de investigación de diario El Telégrafo hubiese tenido la prolijidad profesional para tratar el tema, guardando los preceptos de verificación, contextualización y contrastación, no duden que en la Vicepresidencia de la República habrían encontrado toda la información necesaria para presentar a los lectores información completa y de utilidad. (O)
Por su atención muchas gracias.
Atentamente,
Juan Carlos García Santos
Subsecretario de Comunicación
Vicepresidencia de la República
-------------------
RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN
Edición del 11 de septiembre de 2017
Artículo titulado: ‘El tío del Vicepresidente tenía información privilegiada de interesados en invertir en el país’
Tema del Día / Página 2/3
El reportaje se lo hizo en estricto apego al rigor profesional, periodístico y legal. Se basa, entre otras cosas, en documentos que constan en el expediente fiscal y en la versión de Eduardo Franco, abogado del Vicepresidente, por lo que no aplicaría el artículo 24 de la Ley Orgánica de Comunicación sobre el Derecho a Réplica.
De todas formas publicamos la carta remitida a esta Redacción amparados más bien en el artículo 27 de la LOC, que en lo referente a la Equidad en la publicidad de casos judiciales señala: “En todos los casos en que los medios aborden el tratamiento de hechos sometidos a investigación o procesamiento judicial están obligados a publicar, en igualdad de condiciones, las versiones y argumentos de las partes involucradas”. (O)
