La inefable Asociación de Editores de Periódicos, AEDEP, incrustada en la matriz embrionaria de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, acaba de cumplir con una de sus más urgentes y oscuras consignas: la exclusión de Diario El Telégrafo de su seno corporativo. “Al cabo que ni quería” permanecer entre esas empresas privadas dedicadas al gran negocio de la comunicación, reteniendo arbitrariamente para sí un enorme poder oculto entre chantajes y amenazas que con el actual Gobierno no les funcionó. Esa es la causa de la virulenta oposición mediática. A su peregrino criterio, la AEDEP considera que puede nomás atropellar la garantía constitucional del derecho a la defensa y al debido proceso, alegando que a este Diario no lo expulsó, sino que simplemente lo excluyó. A otros socios también les eliminó, pero a ellos por falta del vil metal.
Hasta que asomó el peine. La AEDEP no es más que la cámara gremial de los poderosos mercaderes locales que heredaron o tuvieron dinero para comprarse una imprenta, un canal de televisión o una cadena de emisoras, con frecuencias arranchadas a gobiernos títeres que se sometían a sus caprichos. Con la Revolución Ciudadana, entre otras reivindicaciones constitucionales, se recuperó el espectro electromagnético como un recurso natural de propiedad del Estado, nunca más de caporales sabidos que instalaban sus cloacas con antena para melar de la apetitosa troncha gubernamental. Ahora la concesión de frecuencias obedece a un proceso previsto legalmente.
Como patronos son inescrupulosos para la explotación de sus empleados con salarios de miseria y en condiciones precarias de indefensión laboral. Lo que menos les importa es cumplir con lo que dispone el numeral 1 del artículo 18 de la Constitución que garantiza a todas las personas recibir una información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa y con responsabilidad ulterior. Más bien salieron en manada a boicotear la aprobación de la Ley de Comunicación, y para esos menesteres tan alejados de la ética y la moral ciertamente que les estorba nuestro Diario, ignorando a propósito que el derecho a la comunicación es una garantía suprema que no hace distingos entre proveedores privados, públicos o comunitarios, pues baste con que se cumplan los aludidos presupuestos constitucionales.
Su amargura por los últimos resultados electorales la manifiestan con tales reacciones viscerales, despechados porque ahora sí se allanó el camino en la Asamblea Nacional para la pronta e inminente vigencia de la Ley de Comunicación.
De nada les sirvió la hipocresía de una supuesta defensa de la libertad de expresión, lo que realmente buscan es recuperar los privilegios que perdieron en la arena política donde sin ningún rubor actuaron como violentos opositores, vergonzosamente derrotados por el avance de la clara conciencia revolucionaria que se masifica en la sociedad ecuatoriana.